Repudiamos con absoluta contundencia y horror la violencia ejercida sobre una trabajadora sexual la noche del domingo 4 de diciembre. Como es de conocimiento público, un trabajador de origen extranjero de la empresa UPM que desarrolla actividades en la planta de Paso de los Toros, conocida como UPM 2, agredió a golpes a una trabajadora sexual en el predio donde la empresa aloja a trabajadores. La trabajadora resultó con múltiples fracturas y debió ser internada en el Hospital de Clínicas.

Denunciamos la impunidad de los hechos y las graves faltas del personal policial que cuestionó el llamado que realizara una persona que auxilió a la víctima y que ofreció resistencia para radicar la denuncia en la institución policial. La policía tiene la obligación de ofrecer asistencia y de registrar la denuncia con todas las garantías para con la víctima y las personas que acompañan y dan apoyo a la misma. Esto no es lo que sucedió ese día ni en el predio ni en la Seccional 3a. Hasta el día de hoy no se conoce el registro de la denuncia policial ni se sabe si la misma fue o no radicada como corresponde en la comisaría.

Asimismo, exigimos respuestas y explicaciones a las expresiones que el personal policial utilizara con la persona que auxilió a la víctima y que se presentó a realizar la denuncia en dos ocasiones. Cuestionamos el trato, las expresiones y los gestos utilizados. Esta es una de las razones por las cuales las víctimas de violencia de género temen denunciar: el maltrato policial al que son expuestas que las cuestiona, revictimiza y violenta una vez más. Una vez más se pasan por alto los mandatos establecidos por la Ley 19.580 en cuanto al diseño institucional, abordaje, prevención y no revictimización a las víctimas de violencia basada en género.

De igual manera denunciamos la responsabilidad de la empresa sobre los hechos. Lamentamos que la empresa continúe negando su responsabilidad sobre este tipo de hechos que no es puntual, que no es aislado, que en el pasado se han denunciado también en el proceso de construcción de la primera planta de procesamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos. La respuesta de la empresa constituye parte del accionar de este tipo de empresas, de carácter transnacional: evaden su responsabilidad, dicen que cuentan con mecanismos de prevención, implementan procedimientos estériles que no
resuelven el problema de fondo y no asumen responsabilidad sobre las empresas que contratan tercerizando mano de obra y servicios.

El modelo forestal-celulósico reproduce estos cónclaves de explotación en todos los territorios donde se instala, asegurando una lógica perversa donde dice estar ofreciendo oportunidades para la comunidad local pero en verdad reproduce una racionalidad extractiva donde el territorio y las personas que allí habitan están orientadas a la satisfacción de las necesidades de la empresa. En estas necesidades se incluye y habilita la práctica machista y patriarcal que se materializa de forma cruda y violenta a través de prácticas de explotación, abuso y violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Repudiamos esta lógica extractiva que se practica en los territorios y que somete a las personas y a la naturaleza a una explotación estructural.

Exigimos respuestas claras y contundentes sobre los hechos sucedidos tanto a la empresa como a las autoridades correspondientes, incluida las judiciales y policiales.

Llamamos a otras organizaciones en el territorio a levantar su alerta y vigilia sobre estos hechos y que se utilicen los canales institucionales y organizacionales correspondientes para su denuncia, considerando que el accionar tardío y erróneo de la policía protege a los agresores, revictimiza a las víctimas y logra que éstas deban mudarse de localidad.

Exhortamos a los equipos de salud a implementar de forma rápida el protocolo contra la VBG y a la comunidad toda para que sepan que aún no estando las empresas este tipo de prácticas continuarán sino logran unirse para evitarlo.