En 4 meses la Ley Integral contra la Violencia de Género sancionada por unanimidad del parlamento en el período anterior cumplirá 6 años.
6 años en los que han sido asesinadas 184 MUJERES[1],
De estas muertes violentas la tercera parte se produjeron en Montevideo (32%) y las ⅔ en el resto del país donde los servicios y la atención a víctimas de violencia de género es más que precaria. No hay estudios que puedan ilustrarnos con claridad la tarea que cumplen los servicios especializados a la hora de prevenir los femicidios, pero los datos màs preocupantes se dan donde hay menor presencia de servicios y menor calidad de los mismos en todas las áreas involucradas en la protección de la vida de las mujeres.
En todos estos años no se ha conseguido que en los Presupuestos nacionales se le adjudique el presupuesto necesario para aplicar la Ley, la insistencia del movimiento feminista en adjudicar recursos tiene directa relación con las muertes que no se evitan.
Si no se hace nada o se hace casi nada para evitarlas, no se evitarán. Y esta es la situación en la que estamos.
En el período anterior de gobierno para aplicar la ley se le otorgó $80.000.000 en la Rendición de Cuentas de 2018 y en el actual período de gobierno fueron unos $56.000.000 para 3 juzgados de violencia en el interior del país en donde existen 18 departamentos. A la fecha solo un juzgado de violencia está en funcionamiento.
Como la ley no tiene recursos, los instrumentos que la ley crea para que se actúe oportunamente para evitar el peor final, no funcionan. Si no hay equipos técnicos de evaluación de riesgo presentes en el momento de la denuncia, ¿cómo se van a tomar las medidas adecuadas para la protección? si esto se hace a ojo del juez/a, a “intuición”, ¿cómo no van a equivocarse? ¿cómo van a actuar los operadores jurídicos dando las garantías si no tienen formación en la materia? ¿cómo va a actuar oportunamente la Fiscalía si la enorme mayoría de los casos en violencia doméstica los archivan, se desestiman? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía si las Fiscalías especializadas tienen turno libre 4 meses después de la denuncia? Y eso que solo actúan ante femicidios y tentativas alevosas.
Pero ni siquiera en los casos donde hay indicadores a la vista tan claros como en la situación de violencia que sufría Natalia Lagos, donde no solo había denuncia previa, el agresor era expolicía, tenía antecedentes en violencia doméstica, había incumplido la
medida de no acercamiento y hasta había tenido que portar tobillera eléctrica. Pero Natalia volviò a denunciar durante la feria judicial y la jueza de turno no tiene formación en género, no citó a audiencia inmediatamente y la evaluación de riesgo pasó a formar parte de la larga lista de pendientes de evaluación. Con esa desidia es que no se otorga custodia ni se ordena tobillera.
No es la única mujer en esta situación a la que se le ha negado custodia en los últimos meses. Se conocen menos porque la presión social ante otros delitos es mayor que ante los feminicidios, lo que hace que la utilización de recursos policiales para violencia doméstica sea de lo más resistido por las autoridades por la alteración que genera en cantidad de funcionarios disponibles para otras áreas.
En Canelones durante el 2022 fueron asesinadas 6 mujeres, hay solo 5 servicios especializados en todo el departamento dependientes de INMUJERES, servicios que funcionan part time y solo en oficina. No hay abogadas que acompañen a las víctimas a las audiencias.
Esta es la realidad de todo el país menos de Montevideo que cuenta con una red de servicios dependientes de la Intendencia capitalina. Servicios con atención solo para casos de parejas o exparejas actuales con poquísimos recursos con los que coordinar atención de diferente tipo, desde horarios para atención psicológica y psiquiátrica, hasta abogadas defensoras de oficio y equipos periciales del Poder Judicial.
Por otra parte, en estos días han aparecido dos notas de prensa sobre la desaparición de jóvenes en Uruguay donde dan cuenta de la falta de interés del Estado en la búsqueda de estas mujeres. Sus madres y una colectiva feminista son quienes no dejan que se olviden. El Uruguay ejemplar esconde bajo su alfombra redes de trata y explotación sexual que deja circular, torturar y desaparecer a nuestras jóvenes y adolescentes.
Las mujeres estamos solas ante la violencia que sufrimos. Si no se destinan recursos necesarios para evitar el sufrimiento en vida y el asesinato, seguiremos contando asesinadas sin que haya ninguna alarma pública.
Resulta inadmisible que frente al mayor problema de seguridad que sufrimos las mujeres, o sea -el 52% de la población- la respuesta del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, las Intendencias y Municipios, el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia, sea desconocer la necesidad e impacto que tienen las herramientas legales e institucionales que la Ley 19.580 consagra en su articulado, pero no en presupuesto ni en implementación.
INTERSOCIAL FEMNISTA
[1] Femicidio Uruguay https://sites.google.com/view/feminicidiouruguay/base-de-datos?authuser=0
El próximo martes 20 de junio a las 18.30 hs. dialogamos sobre la crisis del agua en la Casa de las Ciudadanas. Nos interesa aportar claridad sobre la dimensión de la crisis que estamos sufriendo, entender los por qué y ofrecer algunas claves para pensar respuestas que tendrán que ser colectivas para que sean realidad.
Participan: Andrea Araujo de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía;
Mariana Achugar del Colectivo Ecofeminista Dafnias;
Marcel Achkar de Facultad de Ciencias
María Selva Ortiz - de REDES-Amigos de la Tierra.
Transmisión on line desde https://www.facebook.com/REDESAT1
Organiza Intersocial Feminista y Redes AT
Se encuentran en negrillas las modificaciones al proyecto emanado del Senado que está en consideración de la Cámara de Diputados
COMUNICADO
TOCA VOTAR POR LOS QUE NO VOTAN
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA NO SE NEGOCIAN
Abril de 2023
A toda la población
El 11 de abril se vota en Cámara de Diputados el proyecto “Corresponsabilidad en la crianza”, que es una mala Ley que daña la infancia.
Cerramos el año 2022 con la información de 7035 niños niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual (SIPVIAV, 25 abril 2022), 529 situaciones de explotación sexual (CONAPEE,S 7 diciembre 2022) y el homicidio de 8 niños por parte de padres y pareja de madre. Seguramente este 25 de abril, Día mundial de la lucha contra el maltrato infantil, se informe que la realidad de la violencia contra la infancia persiste. Está situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general: tenemos la responsabilidad de exigir protección.
⎯ Recordamos a toda la población que este es un proyecto que no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia.
⎯ Subrayamos que las normas vigentes garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan. El problema grave en el sistema de justicia en particular, es la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños.
⎯ Es un proyecto que parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas, y está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan.
⎯ Recordamos que las normas nacionales no deben estar en contradicción con lo dispuesto en
los convenios internacionales y deben tener fundamentos en estudios y evidencia. El país se
expone, de aprobarse este proyecto de ley, a recibir observaciones de los comités de
Seguimiento de esas Convenciones por ser regresivas en las garantías de protección de NNA.
⎯ Recordamos que las organizaciones sociales especializadas, magistrados, defensores de
oficio, cátedras de la facultad de derecho y medicina, organismos internacionales,
agrupaciones de profesionales han planteado datos contundentes sobre los casos atendidos,
evidencia sobre la dinámica de la violencia, el impacto devastador en la infancia, la dinámica
de los abusadores y explotadores (amenazar, negar los hechos, culpabilizar a las victimas) que
no han sido tenidas en cuenta por muchos diputados que insisten en votar esta ley que daña
la infancia.
⎯ Reconocemos la rigurosidad con la que muchos estudiaron el tema y actuaron con la
responsabilidad de ser parte de un sistema político que trabaje por los derechos de todas las
personas y en particular por niños y niñas.
⎯ Cada legislador, legisladora, deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada
artículo de este proyecto que ha sido claramente señalado como contrario a los derechos
consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales.
⎯ Votar esta ley es profundizar las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la justicia,
es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir
violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda.
⎯ Votar esta ley es favorecer la impunidad.
⎯ Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas,
maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos.
Es momento de frenar y no ser parte de este atropello, que cada cual asuma el compromiso de no
votar esta mala ley que daña la infancia y comenzar a trabajar para fortalecer el acceso a la justicia,
con recursos y formación.
Para informarte más, leer las comparecencias de expertos en la temática, ingresa en
https://www.anong.org.uy/mala-ley/
Una #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote
Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay
Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados
Lucha feminista contra el hambre y la opresión
Plataforma 8M
Fotos: Martina Gómez
“Lucha Feminista contra el hambre y la opresión”
Todo lo que el Estado no hace, lo hacemos las mujeres
Doble trabajo no remunerado y perseguido
Un nuevo 8M nos encuentra a las mujeres juntas en las calles, luchando contra la opresión patriarcal, denunciando la violencia y el abandono del Estado. Estamos en 2023, el primer año fuera de la pandemia, y a pesar de los anuncios del gobierno que indican mejoras en las condiciones económicas el hambre no ha cesado.
Las mujeres venimos cubriendo todos los retrocesos a costa de más explotación y precarización. El retiro del Estado y el desmantelamiento de las políticas públicas llevadas adelante por el MIDES, implicó que las mujeres asumieramos tareas de atención de mujeres e infancias que sufren violencias, que nos hiciéramos cargo de garantizar la comida a cientos de miles de familias que comen en ollas populares pero no sólo nos ocupamos de la alimentación sino también de las múltiples demandas que crecen en la medida que se precariza y vulneran los derechos. Las mujeres de las ollas y merenderos sostienen barrios enteros a lo largo y ancho de todo el país. Esta respuesta popular y feminista expone escandalosamente la ausencia del Estado que ya retiró los apoyos a las ollas, precisamente en este mes de marzo.
El ataque a la solidaridad y a las acciones colectivas se profundiza en la medida que avanzan fuerzas conservadoras y fascistas en los territorios, en los medios de comunicación y en la política. El ataque a la solidaridad es también un ataque a las mujeres porque, como dijimos, estamos al frente de cientos de iniciativas de apoyo, sostén y cuidado de mujeres e infancias frente al terrible desamparo que sufren del Estado. Rechazamos enfáticamente las prácticas de espionaje a militantes sociales y la persecución a estudiantes de secundaria por ser “feministas” por parte de autoridades cercanas a presidencia.
Violentadas y asesinadas sin importancia
En los últimos años algunas respuestas estatales hacia las mujeres en situación de violencia se han debilitado; como son los subsidios de alquiler para mujeres que se atienden en servicios especializados, los refugios del MIDES, donde el último año falleció una mujer producto de un incendio por las malas condiciones edilicias. La falta de presupuesto a la Ley Integral contra la Violencia de Género hace que sigan sin existir los Juzgados Multimateria y que los anunciados nuevos Juzgados especializados en el Interior del país carezcan de condiciones mínimas de seguridad y no revictimización, como es el Juzgado de San Carlos. Exigimos, una vez más, la implementación de los Juzgados Multimateria en tanto solucionarán varios de los problemas de acceso a la justicia que nos afectan. En lo que va del año, 5 mujeres fueron asesinadas y 45 en 2022; 8 niños fueron asesinados por sus padres en el mismo año; aún esperamos justicia por las mujeres trans asesinadas; seguimos en Emergencia Nacional sin una estrategia del Estado y siendo constantemente revictimizadas. La Asociación de Defensores de Oficio denunció las condiciones edilicias del Juzgado Especializado de San Carlos, donde víctimas y victimarios se encuentran en la misma habitación. Repudiamos la cultura de la violación y exigimos educación sexual integral para enseñar a respetar los límites del consentimiento, a no explotar sexualmente de niños, niñas y adolescentes, a no acosar a las mujeres en ningún espacio y a no violar. Observamos cómo se instrumenta desde el gobierno una transformación educativa que nuevamente no incluye la educación sexual integral.
Gestación subrogada
Rechazamos el proyecto de ley votado en Diputados que amplía la gestación subrogada porque abre un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes pero sin poner el cuerpo. Rechazamos la utilización de los cuerpos de mujeres pobres como vasijas y la compra-venta de bebés.
Más pobre de jubilada, trabajando mucho más
La reforma de la seguridad social nos afecta más a las mujeres, por el hecho de percibir el 78,4% del total de ingresos de los varones (Inmujeres, 2021). Por otra parte, la informalidad laboral es mayor en mujeres del interior del país. Las mujeres pobres tienen una tasa de empleo del 38% (ONU Mujeres, 2021). Y, si a esto le agregamos que las mujeres dedican ⅔ de su tiempo al trabajo no remunerado y sólo ⅓ al remunerado y sumamos el alargamiento de la vida laboral, se agudiza la tensión entre nuestra doble jornada laboral (trabajo remunerado y no remunerados), y por tanto la perpetuación de la precariedad de nuestras vidas.
Mujeres privadas de todo por pobres
Mientras el Parlamento no derogue el art. 74 de la LUC que criminaliza de manera brutalmente desproporcionada a quién ingrese unos gramos de droga a la cárcel, se destruyen familias y dejan a numerosos niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Porque el microtráfico tiene cara de mujer, joven, con familia a cargo y vulnerada por múltiples violencias, quienes en su mayoría ingresan droga porque son manipuladas emocionalmente por sus parejas o por miedo a represalias a sus familiares privados de libertad. Más aún sabiendo que la realidad de las personas privadas de libertad son tortuosas y que la cárcel no es la mejor solución. La vida digna sí.
Racismo invisible y profundo
Las mujeres afro, siguen siendo víctimas del colonialismo, capitalismo y racismo imperante, que las somete a la pobreza, a la indigencia, las criminaliza, las mata y descarta como basura, a ellas y a sus hijos/as/es. Las condena a trabajos precarizados, mal pagos, a la informalidad y la precariedad laboral. El racismo las convierte en objetos sexuales permanentes, negando su capacidad intelectual y saberes, sus experiencias de vida. Su historia es de liberación y lucha de un esclavismo que continúa hoy sin cadenas.
Explotación extractivista de los cuerpos de las mujeres
El modelo productivo extractivista que instalan grandes empresas multinacionales para usufructuar nuestros bienes naturales, legitimando prácticas machistas y patriarcales, ubicando a las mujeres como moneda de cambio. Los casos de las trabajadoras sexuales violentadas en emprendimientos productivos del sector forestal es un claro y triste ejemplo, mujeres golpeadas dentro de los predios empresariales, mujeres asesinadas donde nadie investiga los hechos. Trata de mujeres con fines de explotación sexual totalmente naturalizadas y aceptadas por quienes deben velar por su inexistencia.
Crisis ambiental y sequía
Las mujeres hemos sido las que históricamente cultivamos la tierra y producimos alimentos, conservamos semillas, cuidamos el agua. En momentos donde el cambio climático no es un problema de futuro sino que es una realidad que provoca pandemias, sequías, incendios, fríos extremos y que de continuar con este modelo de consumo, este sistema de explotación de las personas y de los recursos naturales el mundo como lo conocemos desaparecerá dejando por el camino un tendal de hambre y muerte.
Luchamos en todos los espacios, contra todas las opresiones.
Desde una mirada que nos una a todas, desde un feminismo interseccional, que nos reconozca en nuestra diversidad, que no admita lo transexcluyente . Que amplifique nuestras voces, que reconozca las múltiples capas de opresión que cada una vive, en cada espacio que habitamos. Luchamos porque nuestras voces sean escuchadas, aún en un contexto donde se desprestigia nuestra voz con actos violentos y con descalificaciones e insultos.
Este 8M2023 PARAMOS Y MARCHAMOS por todas y todes!
Paramos y marchamos por vida digna y libre de violencia!
Paramos y marchamos contra el empobrecimiento de las mujeres, infancias y adolescencias.
Paramos y marchamos contra la Precarización de la vida
Paramos y marchamos por presupuesto para la Ley Integral contra la violencia de género
Paramos y marchamos en contra de la reforma de la Seguridad Social
Paramos y marchamos en contra de la reforma Educativa
Paramos y marchamos contra la cultura de la Violación
Paramos y marchamos contra el extractivismo y la destrucción de nuestra tierra y la contaminación del agua
Paramos y marchamos en defensa de las políticas sociales
Paramos y marchamos contra la violencia racista
Paramos y marchamos contra la xenofobia
Paramos y marchamos por acceso a la salud integral (física y mental)
Paramos y marchamos contra la criminalización de la solidaridad y de la pobreza
Paramos y marchamos juntas y en todos los rincones del país.
Paramos y marchamos todos los 8 de marzo
Lucha feminista contra el hambre y la opresión
Desde el pasado 3 de febrero nos estamos juntando para organizar las movilizaciones entorno al 8 de marzo. Nos reunimos inicialmente en la Casa de las Ciudadanas invitando a colectivas y organizaciones feministas que no integran la Intersocial Feminista. Allí acordamos las primeras definiciones y pasamos a denominarnos Plataforma 8M2023. Luego las reuniones pasaron a hacerse en FUCVAM, con sala de cuidados para la infancia.
Repudiamos con absoluta contundencia y horror la violencia ejercida sobre una trabajadora sexual la noche del domingo 4 de diciembre. Como es de conocimiento público, un trabajador de origen extranjero de la empresa UPM que desarrolla actividades en la planta de Paso de los Toros, conocida como UPM 2, agredió a golpes a una trabajadora sexual en el predio donde la empresa aloja a trabajadores. La trabajadora resultó con múltiples fracturas y debió ser internada en el Hospital de Clínicas.
Denunciamos la impunidad de los hechos y las graves faltas del personal policial que cuestionó el llamado que realizara una persona que auxilió a la víctima y que ofreció resistencia para radicar la denuncia en la institución policial. La policía tiene la obligación de ofrecer asistencia y de registrar la denuncia con todas las garantías para con la víctima y las personas que acompañan y dan apoyo a la misma. Esto no es lo que sucedió ese día ni en el predio ni en la Seccional 3a. Hasta el día de hoy no se conoce el registro de la denuncia policial ni se sabe si la misma fue o no radicada como corresponde en la comisaría.
Asimismo, exigimos respuestas y explicaciones a las expresiones que el personal policial utilizara con la persona que auxilió a la víctima y que se presentó a realizar la denuncia en dos ocasiones. Cuestionamos el trato, las expresiones y los gestos utilizados. Esta es una de las razones por las cuales las víctimas de violencia de género temen denunciar: el maltrato policial al que son expuestas que las cuestiona, revictimiza y violenta una vez más. Una vez más se pasan por alto los mandatos establecidos por la Ley 19.580 en cuanto al diseño institucional, abordaje, prevención y no revictimización a las víctimas de violencia basada en género.
De igual manera denunciamos la responsabilidad de la empresa sobre los hechos. Lamentamos que la empresa continúe negando su responsabilidad sobre este tipo de hechos que no es puntual, que no es aislado, que en el pasado se han denunciado también en el proceso de construcción de la primera planta de procesamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos. La respuesta de la empresa constituye parte del accionar de este tipo de empresas, de carácter transnacional: evaden su responsabilidad, dicen que cuentan con mecanismos de prevención, implementan procedimientos estériles que no
resuelven el problema de fondo y no asumen responsabilidad sobre las empresas que contratan tercerizando mano de obra y servicios.
El modelo forestal-celulósico reproduce estos cónclaves de explotación en todos los territorios donde se instala, asegurando una lógica perversa donde dice estar ofreciendo oportunidades para la comunidad local pero en verdad reproduce una racionalidad extractiva donde el territorio y las personas que allí habitan están orientadas a la satisfacción de las necesidades de la empresa. En estas necesidades se incluye y habilita la práctica machista y patriarcal que se materializa de forma cruda y violenta a través de prácticas de explotación, abuso y violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Repudiamos esta lógica extractiva que se practica en los territorios y que somete a las personas y a la naturaleza a una explotación estructural.
Exigimos respuestas claras y contundentes sobre los hechos sucedidos tanto a la empresa como a las autoridades correspondientes, incluida las judiciales y policiales.
Llamamos a otras organizaciones en el territorio a levantar su alerta y vigilia sobre estos hechos y que se utilicen los canales institucionales y organizacionales correspondientes para su denuncia, considerando que el accionar tardío y erróneo de la policía protege a los agresores, revictimiza a las víctimas y logra que éstas deban mudarse de localidad.
Exhortamos a los equipos de salud a implementar de forma rápida el protocolo contra la VBG y a la comunidad toda para que sepan que aún no estando las empresas este tipo de prácticas continuarán sino logran unirse para evitarlo.
Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos preguntamos:¿Qué está haciendo nuestro Estado por defender los derechos de las y los más pequeños?Insisten en votar contra niños y niñas el proyecto “Corresponsabilidad en la Crianza”. Nos pronunciamos en contra a esta #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote
Estamos cerrando el año con el dato alarmante de 8 niños y niñas asesinados, 7 por sus padres y uno por la pareja de la madre. También niños y niñas que han presenciado el femicidio de sus madres. SIPIAV informó 7035 situaciones de violencia el año pasado y 5944 en el primer semestre de este año. El CONAPEES este 7 de diciembre comunica que las víctimas de explotación sexual identificadas son 529. Sin embargo, algunos diputados insisten en negar la crueldad de esta realidad y profundizar los riesgos y las consecuencias de la violencia y el abuso para la infancia y adolescencia.
La comisión de Diputados que trata el proyecto de ley recibió distintas delegaciones en setiembre y octubre. Las únicas delegaciones que apoyan este proyecto de ley son las que están integradas por personas que están directamente involucrados en procesos judiciales y dicen ser víctimas de denuncias falsas aunque no presentan datos ni evidencia alguna de tal falsedad. Utilizan el argumento del falso Síndrome de Alienación Parental, falso síndrome declarado por mecanismos internacionales como expresión de la violencia machista e institucional cuando es utilizado.
Por su parte, quienes presentaron argumentos contundentes en contra fueron:
UNICEF, Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Asociación de asistentes sociales del Uruguay, Sociedad de Pediatría del Uruguay, Sociedad de psiquiatría del Uruguay, Facultad de Medicina, clínica de psiquiatría pediátrica y de psiquiatría, Facultad de Derecho: Instituto Uruguayo de Derecho Procesal e Instituto Técnico Forense, Comité Derechos del Niño, Asociación Nacional de ONGs, Intersocial Feminista, CLADEM, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Procuidados, Asociación Civil Adela Reta, Varones por la igualdad, El Paso, además de otros colectivos de profesionales, que se han pronunciado públicamente.
Sin embargo hay diputados ‘apurados’ en votar este proyecto, sin importar la crudeza de la realidad de niños y niñas y la claridad de los argumentos en contra del proyecto desoyendo las voces expertas que han sido prácticamente unánimes es sus cuestionamientos.
¿Para quién se está votando este proyecto? Para proteger a los niños y niñas seguro que no
Lo único urgente es prevenir la violencia, proteger a quienes lo viven y reparar el daño que sufren niños y niñas. Lo urgente es que el sistema de justicia tenga los recursos para implementar las leyes 19580 y 19747 de forma eficaz, para que nadie sufra demoras y las respuestas sean más eficientes.
El sistema político es responsable de legislar de forma rigurosa y garantizar derechos. Es urgente ocuparse del problema de la violencia contra niños y niñas…y dejar de amenazar con hacerles más daño.
Corresponsabilidad en la Crianza es un proyecto de ley que daña la infancia
Escuchen y cumplan con su deber y responsabilidad de proteger. De lo contrario será el Estado el responsable de dañar para siempre la vida de tantas niñas, niños y adolescentes.
ANONG – Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
CDNU – Comité de los Derechos del Niño del Uruguay
CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados