PROCLAMA
8 de marzo de 2026, Uruguay
Estado ausente = pobreza y violencia hacia las mujeres
Este 8 de marzo volvemos a las calles con la triste noticia que en el día de ayer un padre asesinó a su hijo de 15 años en Flor de Maroñas, una historia de violencia doméstica de la que tenían conocimiento instituciones del Estado. Un nuevo hijo asesinado en este Uruguay de viejos, un adolescente que vivió su corta vida entre golpes y maltratos, un Estado que mira para otro lado y un gobierno y un Parlamento que no se preocupa por salvarlos, por salvarnos.
Porque la violencia contra las mujeres, niñas y niños sigue siendo una realidad cotidiana y urgente en Uruguay. Volvemos a marchar porque las cifras no son solo números: son vidas, historias y comunidades atravesadas por la violencia. Son mujeres que ya no están y familias que quedaron marcadas para siempre.
Los femicidios no son hechos aislados ni tragedias privadas. Son el resultado extremo de una sociedad que todavía tolera el control, el abuso y la desigualdad. En la mayoría de los casos las mujeres conocían a su agresor. Muchas habían denunciado antes. En la prensa se repiten las mismas frases después de cada crimen: “había denunciado”, “tenía orden de restricción”, “existían antecedentes de violencia”. Por eso decimos con claridad: los femicidios son evitables. Son, muchas veces, muertes anunciadas.
En setiembre del año pasado el Secretario de Presidencia en nombre del Presidente de la República se comprometió a instalar una Mesa de Trabajo para revisar de punta a punta el “Sistema de respuesta”, después de una reunión donde el movimiento feminista hizo un planteo concreto, no fuimos convocadas nunca más.
Violencia institucional sobre la violencia doméstica. Así estamos.
A la gravedad de la Violencia de género se suma un contexto de desigualdades persistentes. Las mujeres cargamos con la mayor parte de los cuidados, enfrentamos brechas salariales y dependencias económicas que es violencia económica, que es pobreza.
Las madres de hijos/as con discapacidad exigen el aumento de asistentes personales: no les falta amor, les falta apoyo del Estado.
Las mujeres que viven en asentamientos exigen desde hace unos años la implementación de una renta básica universal que les garantice el desarrollo personal. Una Renta básica universal e incondicional para eliminar la pobreza económica, educativa y cultural.
Las mujeres migrantes que han llegado a nuestro país en los últimos años se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, sin servicios acordes a sus diferentes necesidades. Llegan a Uruguay escapando de situaciones de violencia, de explotación y pobreza, llegan solas o con hijos/as, llegan buscando un futuro mejor, a este pequeño “país modelo” y se pierden en los caminos de una burocracia que no conocen, que no las mira.
Volvemos a denunciar y exigir la derogación del Art. 74 de la LUC, que ha encerrado a decenas de mujeres en la cárcel por unos gramos de marihuana. El absurdo y el abuso del derecho penal contra mujeres pobres.
Exigimos la derogación de la ley de tenencia compartida, no más niños y niñas obligados a convivir con sus abusadores, maltratadores. Esto los mata!
No más madres separadas de sus hijos/as por órdenes judiciales injustas.
Por otra parte, en estos momentos asistimos a la destrucción del poblaciones enteras en manos de gobiernos de corte fascista. Las imágenes de destrucción total, en Gaza, Irán, Líbano, el no respeto a los derechos humanos mínimos, nos debe comprometer en denunciar y rechazar en cada minuto el uso de la fuerza bruta para dominar poblaciones enteras, destruyéndolo todo. Como también debemos denunciar la lenta y obscena operación colonial instalada en Haití hace 200 años destruyendo generaciones enteras de mujeres. Denunciamos el siniestro bloqueo a Cuba que trae como consecuencia hambre a su población y muerte a sus enfermos ante a imposibilidad de ningún tiempo de abastecimiento. El cuerpo, la raza y el género siempre fueron el primer territorio a conquistar.
La vida de las afganas, ucranianas, nigerianas todas sometidas a terribles situaciones de violencia, masacres, dominio absoluto de sus vidas no son menos valiosas por no estar en las noticias.
En medio de esta realidad cruel las feministas tenemos el desafío y la potencia de mostrar que otro camino, que otra vida y otra convivencia es posible. Que todos y todas cabemos en este mundo si nadie obtiene más de lo que necesita para vivir dignamente.
Por un futuro de no violencia y paz.
Por todo esto este 8 de marzo volvemos a salir a las calles en todo el país.
8 de marzo de 2026
Intersocial Feminista – Uruguay

Un año más de votación del presupuesto quinquenal nos deja sin los recursos necesarios para implementar la Ley 19.580.
Un año en el que niños y niñas fueron asesinados por sus progenitores, a pesar de haberse solicitado ayuda institucional.
Un año en el que Presidencia de la República, el 5 de septiembre, se comprometió a instalar una Mesa de Trabajo para revisar el sistema de respuesta y nunca más nos convocó.
Un año en el que la violencia doméstica se desbordó en las escuelas, atravesándolas con situaciones crónicas y sin ningún dispositivo adecuado de contención y apoyo, provocando hechos sin precedentes en la educación pública de nuestro país.
Y otro año en el que la importancia del trabajo territorial no pasa del discurso, seguimos sin ver acciones concretas.
Demasiadas mujeres no llegarán nunca a pedir ayuda: porque no conocen sus derechos, porque su vida ha estado marcada por la violencia, porque han perdido la confianza en las instituciones o simplemente, porque no pueden salir de sus barrios ni acceder a los servicios.
Hoy volvemos a reclamar, no por capricho, sino por indignación. Una indignación fundada en hechos concretos. En un país donde persisten los femicidios, donde niñas y niños crecen expuestos a múltiples violencias, y donde las infancias viven un deterioro social que debería encender todas las alarmas.
Reclamamos sobre la falta de recursos para prevenir las múltiples violencias sobre nuestras vidas y las de nuestros niños y niñas, reclamamos los retrocesos en políticas de género, y reclamamos por un presupuesto acorde para INMUJERES y no uno que apenas sostiene lo básico.
Exigimos responsabilidad política por parte de todo el Estado uruguayo. No más excusas ni dilaciones. Necesitamos justicia efectiva: celeridad, protección adecuada, evaluaciones de riesgo serias y medidas que resguarden la vida de quienes han advertido, una y otra vez, que están en peligro.
Somos las organizaciones sociales y feministas quienes sostenemos, acompañamos, denunciamos y ponemos los temas en agenda. El Estado debe hacer su parte.
Repudiamos los discursos de odio, la justificación de agresores, la culpabilización de las víctimas y el silencio cómplice. La impunidad social también mata.
En el marco de este 25N, convocamos a todos y todas a sumarse a las movilizaciones organizadas por las colectivas feministas en todo el país, y volvemos a decir lo que nunca debio dejar de escucharse
INTERSOCIAL FEMINISTA
13 de octubre de 2025
Pasaron 40 días desde que los cuerpos de Alfonsina y Francisco fueran encontrados por la policía, pasó poco más de un mes desde que se concretara la única reunión con la sociedad civil para instalar una Mesa de Trabajo contra la Violencia de Género en Presidencia, donde representantes de la sociedad civil hicieron una propuesta y quedaron a la espera de un próximo encuentro que nunca se realizó. Nadie volvió a llamar.
El 31 de agosto ingresó el Presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento, para el combate de la Violencia de Género prevé apenas U$ 750.000 para servicios de INMUJERES, crea 2 nuevos Juzgados de Género y una Fiscalía en Violencia Doméstica, eso es todo.
Hoy estuvimos durante algunas horas temiendo que Pedro de 5 años, hijo de Pablo Laurta, no apareciera con vida luego que Laurta asesinara a su madre y a su abuela en la ciudad de Córdoba. Pedro está con vida pero ya no tiene madre, una madre que huyó de Uruguay cuando su pareja la quiso ahorcar, y la terminó asesinando.
Hoy también nos enteramos que la Cámara de Diputados no destinó más presupuesto para esta pandemia que padecemos mujeres e infancias, confirmamos una vez más, la poca importancia que le asigna el sistema político a este problema social.
Mañana habrá otros casos tan graves como este y decenas de miles no llegarán a este final pero seguirán soportando la tortura de ser violentadas a diario sin que el Estado asuma su responsabilidad principal: garantizarnos seguridad y una vida libre de violencia.
INTERSOCIAL FEMINISTA

En 4 meses la Ley Integral contra la Violencia de Género sancionada por unanimidad del parlamento en el período anterior cumplirá 6 años.
6 años en los que han sido asesinadas 184 MUJERES[1],
De estas muertes violentas la tercera parte se produjeron en Montevideo (32%) y las ⅔ en el resto del país donde los servicios y la atención a víctimas de violencia de género es más que precaria. No hay estudios que puedan ilustrarnos con claridad la tarea que cumplen los servicios especializados a la hora de prevenir los femicidios, pero los datos màs preocupantes se dan donde hay menor presencia de servicios y menor calidad de los mismos en todas las áreas involucradas en la protección de la vida de las mujeres.
En todos estos años no se ha conseguido que en los Presupuestos nacionales se le adjudique el presupuesto necesario para aplicar la Ley, la insistencia del movimiento feminista en adjudicar recursos tiene directa relación con las muertes que no se evitan.
Si no se hace nada o se hace casi nada para evitarlas, no se evitarán. Y esta es la situación en la que estamos.
En el período anterior de gobierno para aplicar la ley se le otorgó $80.000.000 en la Rendición de Cuentas de 2018 y en el actual período de gobierno fueron unos $56.000.000 para 3 juzgados de violencia en el interior del país en donde existen 18 departamentos. A la fecha solo un juzgado de violencia está en funcionamiento.
Como la ley no tiene recursos, los instrumentos que la ley crea para que se actúe oportunamente para evitar el peor final, no funcionan. Si no hay equipos técnicos de evaluación de riesgo presentes en el momento de la denuncia, ¿cómo se van a tomar las medidas adecuadas para la protección? si esto se hace a ojo del juez/a, a “intuición”, ¿cómo no van a equivocarse? ¿cómo van a actuar los operadores jurídicos dando las garantías si no tienen formación en la materia? ¿cómo va a actuar oportunamente la Fiscalía si la enorme mayoría de los casos en violencia doméstica los archivan, se desestiman? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía si las Fiscalías especializadas tienen turno libre 4 meses después de la denuncia? Y eso que solo actúan ante femicidios y tentativas alevosas.
Pero ni siquiera en los casos donde hay indicadores a la vista tan claros como en la situación de violencia que sufría Natalia Lagos, donde no solo había denuncia previa, el agresor era expolicía, tenía antecedentes en violencia doméstica, había incumplido la
medida de no acercamiento y hasta había tenido que portar tobillera eléctrica. Pero Natalia volviò a denunciar durante la feria judicial y la jueza de turno no tiene formación en género, no citó a audiencia inmediatamente y la evaluación de riesgo pasó a formar parte de la larga lista de pendientes de evaluación. Con esa desidia es que no se otorga custodia ni se ordena tobillera.
No es la única mujer en esta situación a la que se le ha negado custodia en los últimos meses. Se conocen menos porque la presión social ante otros delitos es mayor que ante los feminicidios, lo que hace que la utilización de recursos policiales para violencia doméstica sea de lo más resistido por las autoridades por la alteración que genera en cantidad de funcionarios disponibles para otras áreas.
En Canelones durante el 2022 fueron asesinadas 6 mujeres, hay solo 5 servicios especializados en todo el departamento dependientes de INMUJERES, servicios que funcionan part time y solo en oficina. No hay abogadas que acompañen a las víctimas a las audiencias.
Esta es la realidad de todo el país menos de Montevideo que cuenta con una red de servicios dependientes de la Intendencia capitalina. Servicios con atención solo para casos de parejas o exparejas actuales con poquísimos recursos con los que coordinar atención de diferente tipo, desde horarios para atención psicológica y psiquiátrica, hasta abogadas defensoras de oficio y equipos periciales del Poder Judicial.
Por otra parte, en estos días han aparecido dos notas de prensa sobre la desaparición de jóvenes en Uruguay donde dan cuenta de la falta de interés del Estado en la búsqueda de estas mujeres. Sus madres y una colectiva feminista son quienes no dejan que se olviden. El Uruguay ejemplar esconde bajo su alfombra redes de trata y explotación sexual que deja circular, torturar y desaparecer a nuestras jóvenes y adolescentes.
Las mujeres estamos solas ante la violencia que sufrimos. Si no se destinan recursos necesarios para evitar el sufrimiento en vida y el asesinato, seguiremos contando asesinadas sin que haya ninguna alarma pública.
Resulta inadmisible que frente al mayor problema de seguridad que sufrimos las mujeres, o sea -el 52% de la población- la respuesta del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, las Intendencias y Municipios, el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia, sea desconocer la necesidad e impacto que tienen las herramientas legales e institucionales que la Ley 19.580 consagra en su articulado, pero no en presupuesto ni en implementación.
INTERSOCIAL FEMNISTA
[1] Femicidio Uruguay https://sites.google.com/view/feminicidiouruguay/base-de-datos?authuser=0
El próximo martes 20 de junio a las 18.30 hs. dialogamos sobre la crisis del agua en la Casa de las Ciudadanas. Nos interesa aportar claridad sobre la dimensión de la crisis que estamos sufriendo, entender los por qué y ofrecer algunas claves para pensar respuestas que tendrán que ser colectivas para que sean realidad.
Participan: Andrea Araujo de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía;
Mariana Achugar del Colectivo Ecofeminista Dafnias;
Marcel Achkar de Facultad de Ciencias
María Selva Ortiz - de REDES-Amigos de la Tierra.
Transmisión on line desde https://www.facebook.com/REDESAT1
Organiza Intersocial Feminista y Redes AT
Se encuentran en negrillas las modificaciones al proyecto emanado del Senado que está en consideración de la Cámara de Diputados
COMUNICADO
TOCA VOTAR POR LOS QUE NO VOTAN
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA NO SE NEGOCIAN
Abril de 2023
A toda la población
El 11 de abril se vota en Cámara de Diputados el proyecto “Corresponsabilidad en la crianza”, que es una mala Ley que daña la infancia.
Cerramos el año 2022 con la información de 7035 niños niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual (SIPVIAV, 25 abril 2022), 529 situaciones de explotación sexual (CONAPEE,S 7 diciembre 2022) y el homicidio de 8 niños por parte de padres y pareja de madre. Seguramente este 25 de abril, Día mundial de la lucha contra el maltrato infantil, se informe que la realidad de la violencia contra la infancia persiste. Está situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general: tenemos la responsabilidad de exigir protección.
⎯ Recordamos a toda la población que este es un proyecto que no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia.
⎯ Subrayamos que las normas vigentes garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan. El problema grave en el sistema de justicia en particular, es la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños.
⎯ Es un proyecto que parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas, y está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan.
⎯ Recordamos que las normas nacionales no deben estar en contradicción con lo dispuesto en
los convenios internacionales y deben tener fundamentos en estudios y evidencia. El país se
expone, de aprobarse este proyecto de ley, a recibir observaciones de los comités de
Seguimiento de esas Convenciones por ser regresivas en las garantías de protección de NNA.
⎯ Recordamos que las organizaciones sociales especializadas, magistrados, defensores de
oficio, cátedras de la facultad de derecho y medicina, organismos internacionales,
agrupaciones de profesionales han planteado datos contundentes sobre los casos atendidos,
evidencia sobre la dinámica de la violencia, el impacto devastador en la infancia, la dinámica
de los abusadores y explotadores (amenazar, negar los hechos, culpabilizar a las victimas) que
no han sido tenidas en cuenta por muchos diputados que insisten en votar esta ley que daña
la infancia.
⎯ Reconocemos la rigurosidad con la que muchos estudiaron el tema y actuaron con la
responsabilidad de ser parte de un sistema político que trabaje por los derechos de todas las
personas y en particular por niños y niñas.
⎯ Cada legislador, legisladora, deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada
artículo de este proyecto que ha sido claramente señalado como contrario a los derechos
consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales.
⎯ Votar esta ley es profundizar las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la justicia,
es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir
violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda.
⎯ Votar esta ley es favorecer la impunidad.
⎯ Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas,
maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos.
Es momento de frenar y no ser parte de este atropello, que cada cual asuma el compromiso de no
votar esta mala ley que daña la infancia y comenzar a trabajar para fortalecer el acceso a la justicia,
con recursos y formación.
Para informarte más, leer las comparecencias de expertos en la temática, ingresa en
https://www.anong.org.uy/mala-ley/
Una #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote
Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay
Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados
Lucha feminista contra el hambre y la opresión
Plataforma 8M
Fotos: Martina Gómez


























