El sábado 6 de agosto en el local de la Sociedad Uruguaya de Actores se realizó un nuevo encuentro nacional de la Intersocial Feminista. Los colectivos y organizaciones que integran la articulación estuvieron de balance y debate sobre el futuro, alianzas y agenda feminista. El encuentro continuará el 3 de setiembre en una segunda instancia.

Montevideo, 10 de julio de 2022

A toda la población:

Una ley innecesaria que daña la infancia

Enterate y actuá para proteger a niños y niñas de la violencia

Las organizaciones sociales abajo firmantes volvemos a denunciar públicamente que de aprobarse el Proyecto de Ley “Corresponsabilidad en la Crianza” se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

El nuevo proyecto de ley mantiene en su articulado aspectos que atentan contra el interés superior del niño, “forzando” las visitas a los niños de las personas que ejercen violencia y omitiendo la responsabilidad del Estado de protección contra toda forma de violencia.

¿Un adulto mantiene visitas obligatorias con una persona violenta? ¿Por qué obligar a los niños a repetir las situaciones de violencia?

El contenido de la ley implica un retroceso legal porque vuelve a considerar a niñas, niños y adolescentes objetos de tutela del mundo adulto ignorando que son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen una protección especial por parte de la ley.

El actual proyecto también desconoce la realidad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Los datos de SIPIAV muestran 7035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021; este registro ha seguido en aumento y da cuenta de un grave problema de nuestra sociedad. En el articulado prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia.

Este proyecto desconoce la evidencia de la violencia contra los niños y niñas al negarse a tomar en cuenta todas las observaciones que hicieron al respecto las organizaciones sociales aquí firmantes; así como la Facultad de Derecho de la UDELAR a través del Instituto de Derecho de Familia, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, UNICEF, la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto en los proyectos iniciales. Ninguna de las consideraciones aportadas por diversos especialistas al grupo de parlamentarios fueron tomadas en cuenta.

Es de suma gravedad el hecho de desconocer la obligación del Estado de garantizar el principio de la protección especial que tiene el Estado en casos de violencia o abusos contra niñas, niños y adolescentes; habilitando que se continúe con el régimen de visitas aún cuando haya denuncias de violencia contra alguno de los progenitores. El principio rector debe ser siempre la protección de las niñas, niños y adolescentes porque los daños son irreparables.

Insistimos que este proyecto desconoce la situación de vida que sufren niñas, niños y adolescentes. Silencia la voz de los niños y prioriza a las personas adultas. Desconoce que las

violencias son ejercidas por personas en su entorno inmediato y que las situaciones se detectan en una fase crítica; cuando los daños ya están hechos.

Exigimos que en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el de vivir una vida libre de violencia, no se vote en el Parlamento esta ley que daña la infancia.

Es importante que los funcionarios y funcionarias públicas, desde su lugar de responsabilidad en la protección de derechos humanos, se pronuncien públicamente al respecto. El silencio es cómplice de su desprotección.

Ningún     Estado     puede     ejercer     o     permitir     ninguna     forma     de     tortura. Pronunciate. Informemos para proteger derechos.

Cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. #UnaLeyinnecesaria#dañalainfancia.

Comité de los Derechos del Niño del Uruguay

Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual

Red Pro Cuidados

CLADEM -Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer Intersocial Feminista

Se está discutiendo una ley que pone en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lo más importante es colocar a las niñas y niños en el centro de toda actuación legislativa, judicial o administrativa que les involucre promoviendo una visión de protección y respeto de sus derechos, donde se privilegie el análisis particularizado de las situaciones, y se tomen las decisiones con la mayor rigurosidad para la garantía de su integridad y su máximo desarrollo.

Las organizaciones sociales asumimos la responsabilidad y el compromiso de aportar nuestro saber acumulado y desarrollar acciones de exigiblidad para que se garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y se prevengan acciones regresivas que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Les invitamos a informarse, participar de la campaña y promover un diálogo público, profundo y riguroso cuando se trata de niñas y niños.

Decimos que la ley es innecesaria porque nuestra normativa vigente ya prevé la corresponsabilidad y la posibilidad de la tenencia compartida siempre que el Juez evalúe que es la mejor solución para ese niño o niña en particular.

Decimos que es una ley que daña a la infancia porque no respeta el interés superior, el derecho a ser oído y en casos de violencia no los protege

#UnaLeyInnecesaria

#Dañalainfancia

Declaraciones de Carina Zevallos a MVD Noticias por la solicitud de entrevista ante el archivo de 300 causas de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de 4o turno.

Este 27 de marzo, votá por todas.

Un llamado de la Intersocial Feminista a votar con cabeza y corazón. Descargá el librillo de campaña y ayudanos a que llegue a todas las mujeres en esta recta final.


Por las que ya no van a tener quien las represente

Por las que ya no les da la nafta para bancar la casa

Por las que se les va a hacer más difícil cobrar la pensión alimenticia

Por las que les van a cobrar "por afuera" y se van a quedar sin seguridad social

Por las que se quedan sin puestos de trabajo por la regla fiscal

Por las que sufren que la apariencia de su hijo/a pueda ser un factor de riesgo

Por las comunidades injustamente estigmatizadas 

Por las que van a quedar en la calle en 6 días si no juntan la plata

Por las que solo pueden acceder a servicios públicos y viven el desmantelamiento

Por las mujeres rurales que ven que hay tierra para todos, menos para ellas

Por las niñas y niños que no van a tener cupo en los centros de primera infancia

Por las que están cumpliendo penas injustas

Por las niñas y niños que se van a enfrentar al nuevo sistema de adopciones

Por las que van a perder oportunidades laborales y vitales por cuidar

Este domingo, nuestro voto es decisivo. 

Votemos juntas por una nueva ética política. 

Desde la Intersocial Feminista contribuimos a amplificar el Manifiesto del Colectivo Afro por la Anulación de 135 de la Ley de Urgente Consideración 

El manifiesto señala: 

“A partir del trabajo sistemático y organizado por parte de la comunidad afro, se han hecho visibles las dificultades históricas que enfrentamos desde la trata esclavista hasta la actualidad. 

Esta visibilidad ha permitido alcanzar algunas conquistas, aún insuficientes, pero que permiten avanzar hacia la equidad en nuestra sociedad. Para ello y como sociedad debemos reconocer que los problemas de pobreza, exclusión, falta de oportunidades equitativas, desarraigo territorial, riesgo ambiental, discriminación racial, social, cultural y religiosa, persisten desde la propia conformación de la Nación y se mantienen a través de los efectos del racismo estructural que nos atraviesa a todos. 

Las uruguayas y uruguayos merecemos una sociedad más equitativa y justa. Esto requiere de consensos amplios para enfrentar, con inteligencia y empatía, problemas estructurales. Hay contextos que impiden avanzar en este sentido y la Ley de Urgente Consideración (LUC), es ejemplo de ello. 

Frente a esto nos proponemos contribuir con argumentos e información veraz a la opinión pública, para que con la mayor información posible logremos derogar los 135 artículos de la LUC. Por lo expuesto, el Colectivo Afrouruguayo por la derogación de los 135 artículos de la LUC manifiesta: 

● La LUC reproduce los privilegios históricos y la desigualdad social. Está claramente orientada en defender esas ventajas históricas de unos pocos, en detrimento de las posibilidades del resto de los colectivos sociales. 

● La LUC reduce la participación ciudadana y la transforma en un acto delictivo. 

● La LUC potencia lo punitivo y lo represivo como principal acción de seguridad pública, ejerciendo presión sobre el sistema carcelario, hoy en día desbordado. 

● La LUC profundiza la pobreza, exclusión, falta de oportunidades y aumenta el desarraigo territorial, el riesgo ambiental, así como la discriminación racial, social, cultural y religiosa.”

En dicho manifiesto, se analiza el impacto de la LUC y se subrayan retrocesos en derechos en el ámbito de la educación, la seguridad pública, la vivienda y trabajo y calidad de empleo. 

Al cierre, analizan particularmente el impacto de la LUC en la vida de las mujeres afrodescendientes y concluyen que “cada uno de los retrocesos en derechos señalados anteriormente impactan en forma potenciada sobre las mujeres afro en su condición de trabajadoras informales, trabajadoras domésticas, jefas de hogar dado el número de hogares monoparentales femeninos afro y el número de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado superior al de las mujeres no afro. 

También en sus hijas e hijos desde la seguridad, la precarización de la educación pública de la que son mayoritariamente usuarios. El acceso a la vivienda, la condición de la misma impacta a su vez en la salud psicofísica de los miembros de los núcleos familiares siendo las mujeres las responsables de atender esas situaciones y sus consecuencias”.

Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual es un reclamo histórico de las feministas. Los delitos de abuso sexual y violación son delitos infradenunciados judicialmente. Y a pesar del impulso que ha tomado en los últimos años su denuncia, aún falta mucho por hacer.

No obstante, es necesario aclarar: demandar que haya justicia es diferente a negarle a un condenado la oportunidad de rehabilitación. Creer que dejar a los delincuentes sexuales sin posiblidad de rehabilitación soluciona el problema de violencia sexual, carece de sentido y de evidencia.

Pese a que se ha utilizado para desinformar, los artículos que aumentan las penas por delitos de abuso sexual y violación NO SON PARTE de los 135 artículos a derogar. 

Por tanto, vale aclarar que en los artículos 6, 7 y 8 de la LUC son los que aumentan notablemente las penas para el abuso sexual y la violación y que esos artículos no integran los 135 que el próximo domingo serán sometidos a referéndum.  

El artículo 86, sí será sometido a referéndum. En él, se excluye del sistema de redención de pena por trabajo y estudio para los siguientes delitos: violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, homicidio especialmente agravado, rapiña con privación de libertad, copamiento, secuestro y delitos de estupefacientes. 

Acerca de este artículo, queremos remarcar que desde la Intersocial Feminista, junto a otras organizaciones, advertimos su INCONSTITUCIONALIDAD. Dado que la Constitución de la República, en su artículo 26, sostiene: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

En Uruguay, todas las personas privadas de libertad, incluso los delincuentes sexuales, más tarde o más temprano salen de la cárcel. Y si no trabajamos para que retornen a la sociedad mejor de lo que entraron, las consecuencias de este punto ciego serán insostenibles y aumentarán los delitos. 

Si la posibilidad de reducir la pena lleva a los presos a estudiar, trabajar y rehabilitarse, será ganancia para toda la sociedad. La redención de pena no sólo es un mandato constitucional, es una de las mejores herramientas evidenciadas para la rehabilitación de las personas.

Las feministas reclamamos justicia y también que se trabaje en la reinserción social de todos los delincuentes, incluídos los ofensores sexuales. 

Invitamos a leer las palabras del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, publicado en la página oficial del Parlamento (https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/Informe%20LUC%20CP%20final.pdf ) a  propósito de este artículo:

“La Ley de Redención de Pena por trabajo y estudio es una de las cosas que mejor ha funcionado para combatir la reincidencia. Limitar ese régimen a una larga lista de delitos - detrás de cada carátula puede  haber modalidades leves o moderadas - implicaría un gran retroceso perdiéndose las posibilidades de progresividad para la rehabilitación, generaría gran tensión y desmotivación y cortaría uno de los pocos factores que generan buena convivencia dentro del sistema. 

Cierto es que puede parecer razonable utilizar el instrumento sólo para delitos leves, dejando a un lado aquellos que nos resultan más chocantes. Pero eso implicaría renunciar al rol rehabilitador y la finalidad de tratamiento que tiene la privación de libertad. Sabemos que existen personalidades de muy improbable re socialización, pero el Estado a priori no puede negarse a sí mismo esa obligación de rehabilitar que le establecen las normas nacionales e internacionales. Por eso, siendo el mecanismo de redención de pena por trabajo y estudio un instrumento que en Uruguay y en todo el mundo ha demostrado muy buenos resultados como motivador para la reinserción y el cambio actitudinal y la incorporación de valores pro sociales, aún en delitos graves, el mismo debe aplicarse a todos los privados de libertad. Sugiero no modificar el régimen de redención de pena”

Y reafirmamos: el silencio cómplice, nunca más.

Los artículos 357 y 358 de la LUC permiten al colono o colona no vivir y no trabajar “directamente” la tierra y solamente “supervisar” el trabajo, desvirtuando la naturaleza del Instituto. Situación en la que podrían encontrarse jerarcas del gobierno y algunos legisladores.

Además, con graves consecuencias económico-sociales, se desafectan del Instituto Nacional de Colonización (INC), 55 mil hectáreas, con el consiguiente perjuicio para el Estado y quienes realmente precisan tierra para trabajar y vivir.

Esas tierras, pasarían al mercado general a precios más altos, inhibiendo la posibilidad de que pequeños/as y medianos/as productores/as pudieran comprarlas, contribuyendo al proceso de concentración de la tierra, proceso que vive hoy su pico máximo. Nunca en la historia del Uruguay hubo tanta concentración y tanto suelo en manos de empresas extranjeras como ahora.

Los efectos de esta políticas cortan nuevamente por el eslabón más débil: afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del BHU: pequeños/as y medianos/as productores/as que quedarían a merced del mercado de tierras y que, en un contexto de altos precios, serán presa fácil de los grandes capitales, nacionales y extranjeros.

Como si fuera poco, el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización continúa a través de la Ley de Presupuesto que le retiró al INC el 90% de la partida para la compra de tierras.

¿A quiénes benefician estos artículos? Nuevamente a quienes más tienen. Mientras perjudica directamente a quienes necesitan vivir del campo, conduciéndoles a una menor calidad de vida o directamente al desarraigo.

¿Por qué afecta más a las mujeres?

En Uruguay, aún se conservan inmensas brechas de desigualdad de género en el acceso a la tierra producidas en parte por años de historia en los que las mujeres no eran reconocidas como beneficiarias directas de la política de acceso a la tierra ni como trabajadoras rurales.

El 80,3% de las explotaciones están gestionadas por varones, mientras que apenas el 19,7% son lideradas por mujeres que ocupan solamente el 11% de la superficie. 

En 70 años de historia del INC se entregaban tierras a familias en forma de titularidad individual, con las características que esto supuso en términos de relaciones de género.

Recién en 2018, la ley Nº 19.781, consagra la titularidad conjunta de la pareja como forma de colonización. De esta manera se garantiza el acceso igualitario de la mujer a los derechos y obligaciones de la colonización, en particular la tierra y la vivienda.

La política de cotitularidad conyugal/concubinaria explica el ingreso del 84% (que corresponde a 115) de las mujeres titulares de tierra de unidades familiares solamente para el periodo 2015 – 2018.

Según CEPAL, la proporción de tareas no remuneradas que realiza una mujer rural es mayor a la de una mujer urbana, y mucho mayor que la de los hombres, sean urbanos o rurales. 

Tal como muestra la gráfica del INC, en su inmensa mayoría las mujeres se hacen cargo de trabajo no remunerado, casas, familias, huertas y animales, sin tener el título de propiedad y sin aportes. El mismo informe define a las mujeres rurales como “invisibles, indispensables, sobreexigidas”. 

El estudio destaca además, que las mujeres juegan un rol fundamental en la transmisión del conocimiento, incluyendo la memoria histórica y los saberes técnicos como el manejo agroecológico, por lo que expulsando a esta población del campo el país pierde mucho más que puestos de trabajo, pierde memoria, cultura e identidad.

El INC es una de las pocas herramientas que tienen las mujeres rurales de acceder a la propiedad o usufructo de la tierra. Desmantelarlo, las dejaría con las manos vacías.

Agradecemos a organizaciones, colectivos, medios y portales la información con la que construimos la nota:

  • resistencia.uy - https://resistencia.uy/357
  • INC - Acceso a la tierra desde una perspectiva de género: https://www.colonizacion.com.uy/documents/20182/44228/Doc_3_primera_parte_publicar.pdf/b020eec8-5f41-4ffc-8648-11a6f7e8cc5e
  • FAO. Mujeres Rurales: invisibles, indispensables, sobreexigidas. https://www.fao.org/uruguay/noticias/detail/es/c/1062645/
  • ONU MUJERES. En la mira: Día Internacional de las Mujeres Rurales. https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-day
  • Las desventajas de la LUC para la juventud rural - https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/3/las-desventajas-de-la-luc-para-la-juventud-rural/
  • Lacalle sabía que Delgado obtuvo campo en forma irregular cuando debatió con Martínez. https://www.lr21.com.uy/politica/1415539-alvaro-delgado-lacalle-colonizacion-anibal-pereyra-denuncia
  • Manini Ríos e Irene Moreira explotan un campo de Colonización, pese a que dijeron lo contrario. https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/3/manini-rios-e-irene-moreira-explotan-un-campo-de-colonizacion-pese-a-que-dijeron-lo-contrario/
  • Dr. Pablo Díaz: ¿Por qué Rodrigo Herrero no votó que le sacaran el campo de colonización a Alvaro Delgado? http://agroactualidad.com.uy/rodrigo-herrero-no-voto-que-le-sacaran-el-campo-a-alvaro-delgado/

* Información elaborada por Lado F, colectivo de mujeres vinculadas a las ciencias económicas.

Uruguay ya poseía una regla fiscal desde el año 2006 que establecía niveles máximos de endeudamiento neto del sector público e incluía cláusulas de escape que permitían sobrepasar el límite ante shocks adversos no previstos. Si bien esta regla previa a la LUC era mejorable, la propuesta de la LUC se encuentra imprecisamente formulada, por lo que en realidad no corresponde hablar de una regla fiscal sino simplemente de un ajuste.

En términos generales, establece un límite al incremento anual del gasto público de acuerdo con el crecimiento potencial de la economía. El ajuste económico, expresado en un discurso de austeridad del gasto del Estado, se traduce en medidas concretas de reducción de servicios públicos de calidad, salud, educación, sistema de cuidados y pérdida de salario real. El deterioro de los servicios públicos y las reducciones de salario real de los y las trabajadoras, no hacen más que trasladar el costo del ajuste a los hogares. Debido a la forma en que se organizan las actividades de cuidado y la división sexual del trabajo, ello se traduce en un ajuste con claros sesgos de género, afectando en mayor medida a las mujeres.

Primero, porque la fuerza laboral femenina actúa en muchos casos como un ingreso secundario o complementario. Así, frente al deterioro de los ingresos de los hogares, gran parte de las mujeres se vuelcan al mercado laboral o incrementan sus horas de trabajo en el mercado, y buscan estrategias de supervivencia, empleándose en trabajos precarios de baja remuneración y en la frontera de la informalidad. Esto lleva a un incremento muy fuerte de las horas de trabajo totales que las mujeres realizan en el hogar y mercado, y en condiciones de precarización importantes con el costo que ello implica para el bienestar y la calidad de vida.

Segundo, porque debido a la segregación ocupacional por género, las mujeres representan una importante proporción de las empleadas en las áreas de la salud, educación, y cuidados. Por tanto, las políticas de recorte o ajuste de la inversión social en estas áreas tienen un claro sesgo de género, afectando en mayor medida los puestos de trabajo e ingresos laborales de las mujeres. Ello se traduce en incrementos del desempleo femenino y aumento de la brecha salarial por género.

Tercero, porque las mujeres son quienes asumen mayormente las actividades de cuidado en los hogares y por tanto son más dependientes de los servicios públicos como salud y educación. La evidencia muestra que el trabajo de cuidado está distribuido desigualmente entre varones y mujeres. Datos recientes de la encuesta de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud nos revelan que las mujeres de entre 12 y 35 años dedican en promedio 33 horas semanales a los cuidados, en tanto los varones dedican un promedio de casi 20 horas. En lo que refiere al cuidado de niñas y niños de cero a tres años, las mujeres les dedican 79,8% más de horas semanales que los varones, y 74,1% más de horas para el cuidado de niñas y niños de cuatro a 12 años. Asimismo, cerca del 25% de las mujeres (casi una de cada cuatro) y 5% de los varones dejó de estudiar o de trabajar para cuidar. Es así como gran parte de los llamados “ni-ni” (jóvenes que no estudian ni trabajan), son mujeres con hijos que realizan trabajo de cuidados no remunerado. Por tanto, frente a un escenario de ajuste son las mujeres quienes ven incrementada su carga de trabajo no remunerado en el hogar para compensar la reducción y deterioro de las prestaciones de los servicios públicos de salud y cuidados. Sin embargo, la capacidad de trabajo no es infinitamente elástica, y el hecho de que esa mayor carga del trabajo reproductivo necesaria para compensar la caída en el acceso a los bienes y servicios recaiga sobre las mujeres tiene consecuencias importantes en términos de su autonomía económica, de la calidad de la inserción al mercado laboral, e incluso sobre su propia salud y la de sus hijos e hijas. Esto repercute especialmente sobre los eslabones más débiles de la cadena: jefas de hogar en hogares monoparentales, desempleadas, migrantes, las empleadas domésticas, trans, las oprimidas.

Cuarto, el ajuste puede traducirse en una profundización de la feminización de la pobreza. La carga de trabajo de cuidados se encuentra no sólo desigualmente distribuida en términos de género sino también socialmente estratificada. Es decir, las mujeres de menos recursos económicos hacen en promedio más trabajo no remunerado que las que viven en hogares con más ingresos, ya que estas últimas tienen la posibilidad de trasladar parte de ese trabajo de cuidado comprando algunos de estos servicios en el mercado, por ejemplo, en forma de guarderías, comida preparada o servicio doméstico. Esto alivia la presión sobre su propio tiempo de trabajo de cuidado no remunerado, liberándolo para otras actividades: de formación, empleo, autocuidado, etc. Estas opciones se encuentran limitadas para la enorme mayoría de mujeres que viven en hogares de estratos socioeconómicamente bajos, quienes no sólo no pueden comprar el cuidado en el mercado, sino que, además, son quienes asumen parte de las tareas de cuidado de los hogares de más ingreso empleándose en el servicio doméstico o como cuidadoras, relegando las tareas de cuidado en sus propios hogares a otras mujeres, como ser vecinas, abuelas e hijas. De este modo, el ajuste económico neoliberal expresado entre otros aspectos en el deterioro de los servicios públicos y salario real profundiza la desigual organización social del cuidado reforzando las desigualdades existentes y la feminización de la pobreza.

Te invitamos a seguir a Lado F en las redes sociales:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram