Repudiamos con absoluta contundencia y horror la violencia ejercida sobre una trabajadora sexual la noche del domingo 4 de diciembre. Como es de conocimiento público, un trabajador de origen extranjero de la empresa UPM que desarrolla actividades en la planta de Paso de los Toros, conocida como UPM 2, agredió a golpes a una trabajadora sexual en el predio donde la empresa aloja a trabajadores. La trabajadora resultó con múltiples fracturas y debió ser internada en el Hospital de Clínicas.


Denunciamos la impunidad de los hechos y las graves faltas del personal policial que cuestionó el llamado que realizara una persona que auxilió a la víctima y que ofreció resistencia para radicar la denuncia en la institución policial. La policía tiene la obligación de ofrecer asistencia y de registrar la denuncia con todas las garantías para con la víctima y las personas que acompañan y dan apoyo a la misma. Esto no es lo que sucedió ese día ni en el predio ni en la Seccional 3a. Hasta el día de hoy no se conoce el registro de la denuncia policial ni se sabe si la misma fue o no radicada como corresponde en la comisaría.

Asimismo, exigimos respuestas y explicaciones a las expresiones que el personal policial utilizara con la persona que auxilió a la víctima y que se presentó a realizar la denuncia en dos ocasiones. Cuestionamos el trato, las expresiones y los gestos utilizados. Esta es una de las razones por las cuales las víctimas de violencia de género temen denunciar: el maltrato policial al que son expuestas que las cuestiona, revictimiza y violenta una vez más. Una vez más se pasan por alto los mandatos establecidos por la Ley 19.580 en cuanto al diseño institucional, abordaje, prevención y no revictimización a las víctimas de violencia basada en género.

De igual manera denunciamos la responsabilidad de la empresa sobre los hechos. Lamentamos que la empresa continúe negando su responsabilidad sobre este tipo de hechos que no es puntual, que no es aislado, que en el pasado se han denunciado también en el proceso de construcción de la primera planta de procesamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos. La respuesta de la empresa constituye parte del accionar de este tipo de empresas, de carácter transnacional: evaden su responsabilidad, dicen que cuentan con mecanismos de prevención, implementan procedimientos estériles que no
resuelven el problema de fondo y no asumen responsabilidad sobre las empresas que contratan tercerizando mano de obra y servicios.

El modelo forestal-celulósico reproduce estos cónclaves de explotación en todos los territorios donde se instala, asegurando una lógica perversa donde dice estar ofreciendo oportunidades para la comunidad local pero en verdad reproduce una racionalidad extractiva donde el territorio y las personas que allí habitan están orientadas a la satisfacción de las necesidades de la empresa. En estas necesidades se incluye y habilita la práctica machista y patriarcal que se materializa de forma cruda y violenta a través de prácticas de explotación, abuso y violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Repudiamos esta lógica extractiva que se practica en los territorios y que somete a las personas y a la naturaleza a una explotación estructural.

Exigimos respuestas claras y contundentes sobre los hechos sucedidos tanto a la empresa como a las autoridades correspondientes, incluida las judiciales y policiales.

Llamamos a otras organizaciones en el territorio a levantar su alerta y vigilia sobre estos hechos y que se utilicen los canales institucionales y organizacionales correspondientes para su denuncia, considerando que el accionar tardío y erróneo de la policía protege a los agresores, revictimiza a las víctimas y logra que éstas deban mudarse de localidad.

Exhortamos a los equipos de salud a implementar de forma rápida el protocolo contra la VBG y a la comunidad toda para que sepan que aún no estando las empresas este tipo de prácticas continuarán sino logran unirse para evitarlo.

Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos preguntamos:¿Qué está haciendo nuestro Estado por defender los derechos de las y los más pequeños?Insisten en votar contra niños y niñas el proyecto “Corresponsabilidad en la Crianza”. Nos pronunciamos en contra a esta #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote

Estamos cerrando el año con el dato alarmante de 8 niños y niñas asesinados, 7 por sus padres y uno por la pareja de la madre.  También niños y niñas que han presenciado el femicidio de sus madres. SIPIAV informó 7035 situaciones de violencia el año pasado y 5944 en el primer semestre de este año. El CONAPEES este 7 de diciembre comunica que las víctimas de explotación sexual identificadas son 529. Sin embargo, algunos diputados insisten en negar la crueldad de esta realidad y profundizar los riesgos y las  consecuencias de  la violencia y el abuso para  la infancia y adolescencia.

La comisión de Diputados que trata el proyecto de ley recibió distintas delegaciones en setiembre y octubre. Las únicas delegaciones que apoyan este proyecto de ley son las que están integradas por personas que están directamente involucrados en procesos judiciales y dicen ser víctimas de denuncias falsas aunque no presentan datos ni evidencia alguna de tal falsedad. Utilizan el argumento del falso Síndrome de Alienación Parental, falso síndrome declarado por mecanismos internacionales como expresión de la violencia machista e institucional cuando es utilizado. 

Por su parte, quienes presentaron argumentos contundentes en contra fueron:

UNICEF, Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Asociación de asistentes sociales del Uruguay, Sociedad de Pediatría del Uruguay, Sociedad de psiquiatría del Uruguay, Facultad de Medicina, clínica de psiquiatría pediátrica y de psiquiatría, Facultad de Derecho: Instituto Uruguayo de Derecho Procesal e Instituto Técnico Forense, Comité Derechos del Niño, Asociación Nacional de ONGs, Intersocial Feminista, CLADEM, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Procuidados, Asociación Civil Adela Reta, Varones por la igualdad, El Paso, además de otros colectivos de profesionales, que se han pronunciado públicamente.

Sin embargo hay diputados ‘apurados’ en votar este proyecto, sin importar la crudeza de la realidad de niños y niñas y la claridad de los argumentos en contra del proyecto  desoyendo las voces expertas que han sido prácticamente unánimes es sus cuestionamientos.

¿Para quién se está votando este proyecto? Para proteger a los niños y niñas seguro que no

Lo único urgente es prevenir la violencia, proteger a quienes lo viven y reparar el daño que sufren niños y niñas. Lo urgente es que el sistema de justicia tenga los recursos para implementar las leyes 19580 y 19747 de forma eficaz, para que nadie sufra demoras y las respuestas sean más eficientes.

El sistema político es responsable de legislar de forma rigurosa y garantizar derechos. Es urgente ocuparse del problema de la violencia contra niños y niñas…y dejar de amenazar con hacerles más daño.

Corresponsabilidad en la Crianza es un proyecto de ley que daña la infancia

Escuchen y cumplan con su deber y responsabilidad de proteger. De lo contrario será el Estado el responsable de dañar para siempre la vida de tantas niñas, niños y adolescentes.

ANONG – Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
CDNU – Comité de los Derechos del Niño del Uruguay
CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados

23 de noviembre de 2022

Uruguay , 25 de noviembre de 2022.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mujeres y disidencias tomamos las calles una vez más, porque defender nuestro derecho a vivir una vida plena y libre de violencias es urgente y es una cuestión de Derechos Humanos .

Derechos Humanos que son violentados por discursos de odio y prácticas institucionales que nos vulneran, por la falta de políticas públicas de calidad que incorporen la perspectiva de género y el acceso a los recursos que transformen las condiciones de vida; porque la invisibilización, exclusión y violencia extrema se vive a diario en las calles, barrios, ciudades, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en entornos virtuales.

Este 25 de noviembre marcharemos juntas, reconociendo la potencia de nuestra diversidad, parándonos contra todas las violencias para decir una vez más, BASTA

Basta a todas las múltiples formas de violencia hacia las mujeres, violencias instaladas y sostenidas  a las que somos históricamente sometidas. 

Basta de violencia física que deteriora y pone en peligro nuestras vidas. 

Basta de violencia moral y simbólica que nos ubica en un segundo plano y justifica toda forma de agresión.

Basta de violencia política que nos sigue excluyendo de la vida pública. Seguimos subrepresentadas. Cuando no estamos, no somos nombradas ni escuchadas nos empujan al anonimato y ser ciudadanas de segunda y tercera. 

Basta de femicidios, porque ya son 40 compañeras que en el correr del presente año nos faltarán por siempre y 163 desde la aprobación de la ley N°19580. El femicidio es la expresión más cruda de una sociedad machista que tolera y legitima la violencia contra las mujeres. Se notan los avances ocurridos en los últimos años en nuestro país, pero las reticencias y resistencias en las instituciones gubernamentales persisten, en muchas ocasiones los casos de femicidios quedan impunes e invisibilizados. Exhortamos a la sensibilización y formación de los actores del sistema judicial, para el acceso a una justicia de calidad, además de abordar las secuelas que el dolor y la reparación en las víctimas conlleva.  Es URGENTE la instalación  de más casas de acogida en todo el territorio nacional para atender y resguardar a las mujeres víctimas de violencia de género.  

Basta de violencia vicaria! porque además de matarnos a nosotras lastiman o matan a nuestros hijos e hijas! 

El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género. Ninguna muerte nos es indiferente, exigimos justicia para los crímenes de transfemicidios.

Gritamos con fuerza basta! porque no estamos todas, porque muchas nos faltarán por siempre y muchas otras ni siquiera sabemos dónde están. Basta de desaparecidas, queremos saber dónde están nuestras gurisas. Le decimos Basta a la trata sexual y laboral.

Basta de tener en el ostracismo y a merced de la violencia  a las Trabajadoras Sexuales.

Basta a la explotación sexual que nos acecha, desaparece y esclaviza. Juntas alzamos la voz, una vez más, para denunciar que NO SOMOS OBJETOS DE CONSUMO. Porque los explotadores y proxenetas están ahí, a la vuelta de la esquina, y cuentan con recursos para sostener su negocio lucrativo. Exigimos responsabilidad, compromiso ético y garantías para que los procesos de acceso a la Justicia se garanticen y porque continuamos sin admitir QUE LAS VÍCTIMAS SE AHOGUEN EN OCÉANOS DE IMPUNIDAD.

Juntas marchamos y alzamos la voz, porque aunque no estemos todas nuestra lucha es por todas, también por aquellas que respiran entre rejas. Porque las mujeres privadas de libertad se encuentran vulneradas al reproducirse y agravarse las desigualdades que prevalecen dentro de instituciones hostiles, con lógicas masculinizadas, en las que la perspectiva de género se encuentra ausente más allá de algunas iniciativas puntuales. El estado tiene la obligación de garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y debería partir por reconocer que esas personas son también mujeres.

Rechazamos el Art 74 de la LUC que endurece las penas por microtráfico de forma desproporcionada. Al día de hoy contamos con demasiada evidencia sobre  la selectividad de este artículo: en el aumento drástico de la población de mujeres privadas de libertad, y además demuestra su fuerte sesgo clasista, porque estas mujeres son en su mayoría vulneradas. Hablamos de mujeres extremadamente atravesadas por la falta de recursos económicos, la falta de redes de apoyo para el sostén de la vida y los cuidados, en situaciones de dependencia extrema, víctimas de relaciones de dominación, que son intimidadas y coaccionadas para ingresar sustancias a las cárceles para sus parejas, hijos, padres o hermanos y son sometidas a una pena mínima de 4 años!. Terminan pagando los platos rotos de un sistema que, además de oprimirlas, las encarcela por su opresión.  

Juntas nos manifestamos en contra de la ley de tenencia compartida, que se impone por sobre las diversas realidades familiares y establece de antemano una única “solución” reglada para todos los casos, desconociendo la circunstancias particulares de cada familia como también la opinión y la voluntad de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su grado de desarrollo. Nos alarmamos porque esta ley es regresiva en términos de garantía de derechos, es innecesaria porque no mejora el marco legislativo vigente y daña a las infancias y adolescencias vulnerando directamente la protección integral de niñas, niños y adolescentes, principalmente de quienes denuncian situaciones de violencia y abuso sexual, ya que habilita regímenes de visitas provisorios aún cuando existan denuncias en trámites contra alguno de los padres, vulnerando así el principio general de precaución que debe ser priorizado siempre en estos casos.

Le decimos NO al proyecto de ley que amplía la gestación subrogada más allá de los lazos de sangre, porque abre un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes pero sin poner el cuerpo.

Exigimos terminar con la impunidad del terrorismo de Estado. El año pasado, el grupo de 28 ex-presas políticas elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por violencia sexual durante la dictadura cívico-militar. 10 años después de haber denunciado estos crímenes ante la justicia uruguaya, no ha habido ningún avance en la investigación. POR MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS. 

Denunciamos la violencia que la pobreza en Uruguay produce, y esta violencia también  tiene cara de niña, niño y de mujer. Resulta alarmante el aumento de la población con necesidades básicas insatisfechas, siendo mayoritariamente mujeres, infancias y adolescencias las más vulneradas, pues tanto la aporofobia como la pobreza son formas latentes de violencia. A pesar de ello las mujeres estamos también allí al pie del cañón, en las ollas, produciendo alimentos y recibiendo a las filas de personas y familias que nada tienen. Somos alrededor del 70 % de esa trama comunitaria y solidaria que nos paramos de frente a las necesidades alimenticias, contrarrestando al Estado que, además de estar ausente, criminaliza la solidaridad y la organización social.

NI UN PASO ATRÁS en relación a derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que se respete la libertad y autonomía para decidir, sin coacción ni violencia, nosotras decidimos si queremos o no ser madres, cuándo, cómo y con quién. Le decimos basta a la violencia obstétrica, porque SI existe a pesar de que profesionales e instituciones sanitarias se encargan de negarla. No estamos atacando al sistema de salud, estamos exigiendo que se reconozca esta violencia estructural en el seguimiento del embarazo, parto y puerperio. Son innumerables los testimonios de violencias, testimonios ignorados, que no repercuten en lo absoluto en cambios para la mejora en la atención integral; además de la elevada la cantidad de cesáreas innecesarias. Exigimos políticas y acciones concretas para combatirla y erradicarla. 

Y una vez más decimos NIÑAS, NO MADRES! La maternidad forzada es TORTURA.

Juntas y diversas contra todas las violencias. Porque sabemos que la violencia es interseccional exigimos que así sean las políticas que buscan darle respuesta. Porque somos mujeres y disidencias, afro e indígenas, migrantes, trans y no binaries, lesbianas y bisexuales, mujeres en situación de discapacidad o de pobreza, somos las mujeres de todo el país, somos las niñas y las viejas.

Denunciamos el ninguneo estadístico que deja en evidencia el racismo estructural que las mujeres afrodescendientes e indígenas vivimos. Necesitamos saber en qué situación estamos, basta de omisiones! hablamos de la violencia estatal que obstruye el diseño de políticas públicas focalizadas y reales, con la asignación de recursos que hagan frente a la discriminación múltiple e interseccional. La invisibilidad es intencional, es política, porque acá estamos y es hora de que nos vean. Exigimos el cumplimiento de la Ley 19.122.

Basta de violencia racista!

Denunciamos los magros avances en el acceso a una justicia de calidad, especializada, diligente, protectora de las víctimas. LOS JUZGADOS MULTIMATERIA DEBEN SER INSTRUMENTADOS. 

El Estado es responsable, estamos ante una emergencia nacional y tener un compromiso serio en su combate y erradicación, implica transformaciones profundas y serias en la educación, en las políticas de salud, en las políticas de protección social, en las políticas de seguridad, en el acceso a políticas de vivienda de calidad y en el acceso a la justicia. Los recursos económicos y la voluntad política son insuficientes. 

Por una renta básica universal para cubrir los derechos humanos, como inversión en el desarrollo del potencial de las personas.

Re-instalación de Mesas Interinstitucionales en todos los territorios.

No hay transformación educativa posible ni reforma de la seguridad social real si no combatimos las bases que sustentan una sociedad desigual. 

Por una educación libre de estereotipos, por la construcción de una cultura de la NO  VIOLENCIA.   

Por un sistema de seguridad social fuerte, solidario e integral. 

Las reformas que se están planteando no sólo profundizan desigualdades, sino desconocen los impactos graves en las infancias, adolescencias, mujeres y adultas mayores.

¡No hay compromiso sin la asignación correcta de recursos, no hay recursos sin voluntad política!

Es urgente que se cumpla con lo establecido en la ley 19.580 en todos sus términos.

Basta de implementaciones a medias!  Basta de excusas!

Nosotras, mujeres y disidencias, ¡Juntas y diversas contra todas las violencias!

Plataforma 25N.

Montevideo,  20 de octubre de 2022

POBREZA, DESIGUALDAD DE GÉNERO y ABANDONO DEL ESTADO TERMINAN CON LA VIDA DE UNA JOVEN MUJER

Desde la Intersocial Feminista queremos expresar nuestra consternación por el fallecimiento de una joven de 31 años y dos niños en estado grave, así como varios más internados producto del incendio en el Hotel Aramaya, alquilado por el MIDES para alojar gente en situación de calle. Una vez más, recae sobre el cuerpo de las mujeres y las infancias el abandono del Estado. Mientras crece la pobreza infantil, las principales figuras del gobierno dan respuestas inadmisibles, donde explícitamente dicen "no tenemos una explicación" o admiten estar al tanto de la situación de extrema precariedad en la que vivían las familias que se supone estaban a resguardo en un lugar de acogida del Estado. 

El Estado no puede tomar acciones a la ligera con las personas más vulneradas del país, no puede depositarlos en cualquier lugar y dejarlos allí sin importar qué pasa con sus vidas, las condiciones en que se alojan, la falta de salidas a la situación de calle por la gran ausencia de políticas sociales que conllevan a que una situación que debería ser temporal y breve, se convierta en permanente. La joven fallecida hacía 4 años que vivía allí junto a sus 3 hijos, dos de ellos hoy en grave situación de salud, producto de la intoxicación y de las quemaduras en sus cuerpos. 

Desde hace tiempo, las personas que residen en el Hotel Aramaya venían denunciando las malas condiciones de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento general, y otras problemáticas serias como por ejemplo, el no funcionamiento de los ascensores en un edificio de 6 pisos (quienes cuidamos sabemos las dificultades que implica subir y bajar escaleras a diario con bebés y niños/as pequeños) , en suma, una situación que supone riesgos para estos niños y niñas que habitan un lugar sin las básicas condiciones. Mención aparte merece la falta de personal, tan solo hay 3 trabajadoresdel MIDES para el acompañamiento de 92 personas.

El abandono del Estado –a la vista de todos/as, nada menos que en nuestra principal avenida- deja a las infancias más vulnerables crecer en cuartos de hotel sin espacios para el esparcimiento, sin lugares comunes donde compartir comidas y juegos, sin ventana al futuro.

El Estado los condena a una vida de precariedad, y esa precariedad, dejó una mujer de 31 años muerta y a sus hijos, en peligrosa situación sanitaria. La responsabilidad es del Estado y de quienes lo gobiernan.

Acompañamos el dolor de quienes compartieron momentos con Mónica y sus hijos. Esperamos que la justicia actúe y determine responsabilidades.

  INTERSOCIAL FEMINISTA

Imagen de Subrayado

El sábado 6 de agosto en el local de la Sociedad Uruguaya de Actores se realizó un nuevo encuentro nacional de la Intersocial Feminista. Los colectivos y organizaciones que integran la articulación estuvieron de balance y debate sobre el futuro, alianzas y agenda feminista. El encuentro continuará el 3 de setiembre en una segunda instancia.

Montevideo, 10 de julio de 2022

A toda la población:

Una ley innecesaria que daña la infancia

Enterate y actuá para proteger a niños y niñas de la violencia

Las organizaciones sociales abajo firmantes volvemos a denunciar públicamente que de aprobarse el Proyecto de Ley “Corresponsabilidad en la Crianza” se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

El nuevo proyecto de ley mantiene en su articulado aspectos que atentan contra el interés superior del niño, “forzando” las visitas a los niños de las personas que ejercen violencia y omitiendo la responsabilidad del Estado de protección contra toda forma de violencia.

¿Un adulto mantiene visitas obligatorias con una persona violenta? ¿Por qué obligar a los niños a repetir las situaciones de violencia?

El contenido de la ley implica un retroceso legal porque vuelve a considerar a niñas, niños y adolescentes objetos de tutela del mundo adulto ignorando que son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen una protección especial por parte de la ley.

El actual proyecto también desconoce la realidad de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Los datos de SIPIAV muestran 7035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021; este registro ha seguido en aumento y da cuenta de un grave problema de nuestra sociedad. En el articulado prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia.

Este proyecto desconoce la evidencia de la violencia contra los niños y niñas al negarse a tomar en cuenta todas las observaciones que hicieron al respecto las organizaciones sociales aquí firmantes; así como la Facultad de Derecho de la UDELAR a través del Instituto de Derecho de Familia, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio, UNICEF, la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto en los proyectos iniciales. Ninguna de las consideraciones aportadas por diversos especialistas al grupo de parlamentarios fueron tomadas en cuenta.

Es de suma gravedad el hecho de desconocer la obligación del Estado de garantizar el principio de la protección especial que tiene el Estado en casos de violencia o abusos contra niñas, niños y adolescentes; habilitando que se continúe con el régimen de visitas aún cuando haya denuncias de violencia contra alguno de los progenitores. El principio rector debe ser siempre la protección de las niñas, niños y adolescentes porque los daños son irreparables.

Insistimos que este proyecto desconoce la situación de vida que sufren niñas, niños y adolescentes. Silencia la voz de los niños y prioriza a las personas adultas. Desconoce que las

violencias son ejercidas por personas en su entorno inmediato y que las situaciones se detectan en una fase crítica; cuando los daños ya están hechos.

Exigimos que en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente el de vivir una vida libre de violencia, no se vote en el Parlamento esta ley que daña la infancia.

Es importante que los funcionarios y funcionarias públicas, desde su lugar de responsabilidad en la protección de derechos humanos, se pronuncien públicamente al respecto. El silencio es cómplice de su desprotección.

Ningún     Estado     puede     ejercer     o     permitir     ninguna     forma     de     tortura. Pronunciate. Informemos para proteger derechos.

Cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. #UnaLeyinnecesaria#dañalainfancia.

Comité de los Derechos del Niño del Uruguay

Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual

Red Pro Cuidados

CLADEM -Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer Intersocial Feminista

Se está discutiendo una ley que pone en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lo más importante es colocar a las niñas y niños en el centro de toda actuación legislativa, judicial o administrativa que les involucre promoviendo una visión de protección y respeto de sus derechos, donde se privilegie el análisis particularizado de las situaciones, y se tomen las decisiones con la mayor rigurosidad para la garantía de su integridad y su máximo desarrollo.

Las organizaciones sociales asumimos la responsabilidad y el compromiso de aportar nuestro saber acumulado y desarrollar acciones de exigiblidad para que se garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y se prevengan acciones regresivas que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Les invitamos a informarse, participar de la campaña y promover un diálogo público, profundo y riguroso cuando se trata de niñas y niños.

Decimos que la ley es innecesaria porque nuestra normativa vigente ya prevé la corresponsabilidad y la posibilidad de la tenencia compartida siempre que el Juez evalúe que es la mejor solución para ese niño o niña en particular.

Decimos que es una ley que daña a la infancia porque no respeta el interés superior, el derecho a ser oído y en casos de violencia no los protege

#UnaLeyInnecesaria

#Dañalainfancia

Declaraciones de Carina Zevallos a MVD Noticias por la solicitud de entrevista ante el archivo de 300 causas de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de 4o turno.

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