Se encuentran en negrillas las modificaciones al proyecto emanado del Senado que está en consideración de la Cámara de Diputados
COMUNICADO
TOCA VOTAR POR LOS QUE NO VOTAN
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA NO SE NEGOCIAN
Abril de 2023
A toda la población
El 11 de abril se vota en Cámara de Diputados el proyecto “Corresponsabilidad en la crianza”, que es una mala Ley que daña la infancia.
Cerramos el año 2022 con la información de 7035 niños niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual (SIPVIAV, 25 abril 2022), 529 situaciones de explotación sexual (CONAPEE,S 7 diciembre 2022) y el homicidio de 8 niños por parte de padres y pareja de madre. Seguramente este 25 de abril, Día mundial de la lucha contra el maltrato infantil, se informe que la realidad de la violencia contra la infancia persiste. Está situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general: tenemos la responsabilidad de exigir protección.
⎯ Recordamos a toda la población que este es un proyecto que no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia.
⎯ Subrayamos que las normas vigentes garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan. El problema grave en el sistema de justicia en particular, es la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños.
⎯ Es un proyecto que parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas, y está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan.
⎯ Recordamos que las normas nacionales no deben estar en contradicción con lo dispuesto en
los convenios internacionales y deben tener fundamentos en estudios y evidencia. El país se
expone, de aprobarse este proyecto de ley, a recibir observaciones de los comités de
Seguimiento de esas Convenciones por ser regresivas en las garantías de protección de NNA.
⎯ Recordamos que las organizaciones sociales especializadas, magistrados, defensores de
oficio, cátedras de la facultad de derecho y medicina, organismos internacionales,
agrupaciones de profesionales han planteado datos contundentes sobre los casos atendidos,
evidencia sobre la dinámica de la violencia, el impacto devastador en la infancia, la dinámica
de los abusadores y explotadores (amenazar, negar los hechos, culpabilizar a las victimas) que
no han sido tenidas en cuenta por muchos diputados que insisten en votar esta ley que daña
la infancia.
⎯ Reconocemos la rigurosidad con la que muchos estudiaron el tema y actuaron con la
responsabilidad de ser parte de un sistema político que trabaje por los derechos de todas las
personas y en particular por niños y niñas.
⎯ Cada legislador, legisladora, deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada
artículo de este proyecto que ha sido claramente señalado como contrario a los derechos
consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales.
⎯ Votar esta ley es profundizar las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la justicia,
es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir
violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda.
⎯ Votar esta ley es favorecer la impunidad.
⎯ Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas,
maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos.
Es momento de frenar y no ser parte de este atropello, que cada cual asuma el compromiso de no
votar esta mala ley que daña la infancia y comenzar a trabajar para fortalecer el acceso a la justicia,
con recursos y formación.
Para informarte más, leer las comparecencias de expertos en la temática, ingresa en
https://www.anong.org.uy/mala-ley/
Una #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote
Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay
Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados
Lucha feminista contra el hambre y la opresión
Plataforma 8M
Fotos: Martina Gómez
“Lucha Feminista contra el hambre y la opresión”
Todo lo que el Estado no hace, lo hacemos las mujeres
Doble trabajo no remunerado y perseguido
Un nuevo 8M nos encuentra a las mujeres juntas en las calles, luchando contra la opresión patriarcal, denunciando la violencia y el abandono del Estado. Estamos en 2023, el primer año fuera de la pandemia, y a pesar de los anuncios del gobierno que indican mejoras en las condiciones económicas el hambre no ha cesado.
Las mujeres venimos cubriendo todos los retrocesos a costa de más explotación y precarización. El retiro del Estado y el desmantelamiento de las políticas públicas llevadas adelante por el MIDES, implicó que las mujeres asumieramos tareas de atención de mujeres e infancias que sufren violencias, que nos hiciéramos cargo de garantizar la comida a cientos de miles de familias que comen en ollas populares pero no sólo nos ocupamos de la alimentación sino también de las múltiples demandas que crecen en la medida que se precariza y vulneran los derechos. Las mujeres de las ollas y merenderos sostienen barrios enteros a lo largo y ancho de todo el país. Esta respuesta popular y feminista expone escandalosamente la ausencia del Estado que ya retiró los apoyos a las ollas, precisamente en este mes de marzo.
El ataque a la solidaridad y a las acciones colectivas se profundiza en la medida que avanzan fuerzas conservadoras y fascistas en los territorios, en los medios de comunicación y en la política. El ataque a la solidaridad es también un ataque a las mujeres porque, como dijimos, estamos al frente de cientos de iniciativas de apoyo, sostén y cuidado de mujeres e infancias frente al terrible desamparo que sufren del Estado. Rechazamos enfáticamente las prácticas de espionaje a militantes sociales y la persecución a estudiantes de secundaria por ser “feministas” por parte de autoridades cercanas a presidencia.
Violentadas y asesinadas sin importancia
En los últimos años algunas respuestas estatales hacia las mujeres en situación de violencia se han debilitado; como son los subsidios de alquiler para mujeres que se atienden en servicios especializados, los refugios del MIDES, donde el último año falleció una mujer producto de un incendio por las malas condiciones edilicias. La falta de presupuesto a la Ley Integral contra la Violencia de Género hace que sigan sin existir los Juzgados Multimateria y que los anunciados nuevos Juzgados especializados en el Interior del país carezcan de condiciones mínimas de seguridad y no revictimización, como es el Juzgado de San Carlos. Exigimos, una vez más, la implementación de los Juzgados Multimateria en tanto solucionarán varios de los problemas de acceso a la justicia que nos afectan. En lo que va del año, 5 mujeres fueron asesinadas y 45 en 2022; 8 niños fueron asesinados por sus padres en el mismo año; aún esperamos justicia por las mujeres trans asesinadas; seguimos en Emergencia Nacional sin una estrategia del Estado y siendo constantemente revictimizadas. La Asociación de Defensores de Oficio denunció las condiciones edilicias del Juzgado Especializado de San Carlos, donde víctimas y victimarios se encuentran en la misma habitación. Repudiamos la cultura de la violación y exigimos educación sexual integral para enseñar a respetar los límites del consentimiento, a no explotar sexualmente de niños, niñas y adolescentes, a no acosar a las mujeres en ningún espacio y a no violar. Observamos cómo se instrumenta desde el gobierno una transformación educativa que nuevamente no incluye la educación sexual integral.
Gestación subrogada
Rechazamos el proyecto de ley votado en Diputados que amplía la gestación subrogada porque abre un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes pero sin poner el cuerpo. Rechazamos la utilización de los cuerpos de mujeres pobres como vasijas y la compra-venta de bebés.
Más pobre de jubilada, trabajando mucho más
La reforma de la seguridad social nos afecta más a las mujeres, por el hecho de percibir el 78,4% del total de ingresos de los varones (Inmujeres, 2021). Por otra parte, la informalidad laboral es mayor en mujeres del interior del país. Las mujeres pobres tienen una tasa de empleo del 38% (ONU Mujeres, 2021). Y, si a esto le agregamos que las mujeres dedican ⅔ de su tiempo al trabajo no remunerado y sólo ⅓ al remunerado y sumamos el alargamiento de la vida laboral, se agudiza la tensión entre nuestra doble jornada laboral (trabajo remunerado y no remunerados), y por tanto la perpetuación de la precariedad de nuestras vidas.
Mujeres privadas de todo por pobres
Mientras el Parlamento no derogue el art. 74 de la LUC que criminaliza de manera brutalmente desproporcionada a quién ingrese unos gramos de droga a la cárcel, se destruyen familias y dejan a numerosos niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Porque el microtráfico tiene cara de mujer, joven, con familia a cargo y vulnerada por múltiples violencias, quienes en su mayoría ingresan droga porque son manipuladas emocionalmente por sus parejas o por miedo a represalias a sus familiares privados de libertad. Más aún sabiendo que la realidad de las personas privadas de libertad son tortuosas y que la cárcel no es la mejor solución. La vida digna sí.
Racismo invisible y profundo
Las mujeres afro, siguen siendo víctimas del colonialismo, capitalismo y racismo imperante, que las somete a la pobreza, a la indigencia, las criminaliza, las mata y descarta como basura, a ellas y a sus hijos/as/es. Las condena a trabajos precarizados, mal pagos, a la informalidad y la precariedad laboral. El racismo las convierte en objetos sexuales permanentes, negando su capacidad intelectual y saberes, sus experiencias de vida. Su historia es de liberación y lucha de un esclavismo que continúa hoy sin cadenas.
Explotación extractivista de los cuerpos de las mujeres
El modelo productivo extractivista que instalan grandes empresas multinacionales para usufructuar nuestros bienes naturales, legitimando prácticas machistas y patriarcales, ubicando a las mujeres como moneda de cambio. Los casos de las trabajadoras sexuales violentadas en emprendimientos productivos del sector forestal es un claro y triste ejemplo, mujeres golpeadas dentro de los predios empresariales, mujeres asesinadas donde nadie investiga los hechos. Trata de mujeres con fines de explotación sexual totalmente naturalizadas y aceptadas por quienes deben velar por su inexistencia.
Crisis ambiental y sequía
Las mujeres hemos sido las que históricamente cultivamos la tierra y producimos alimentos, conservamos semillas, cuidamos el agua. En momentos donde el cambio climático no es un problema de futuro sino que es una realidad que provoca pandemias, sequías, incendios, fríos extremos y que de continuar con este modelo de consumo, este sistema de explotación de las personas y de los recursos naturales el mundo como lo conocemos desaparecerá dejando por el camino un tendal de hambre y muerte.
Luchamos en todos los espacios, contra todas las opresiones.
Desde una mirada que nos una a todas, desde un feminismo interseccional, que nos reconozca en nuestra diversidad, que no admita lo transexcluyente . Que amplifique nuestras voces, que reconozca las múltiples capas de opresión que cada una vive, en cada espacio que habitamos. Luchamos porque nuestras voces sean escuchadas, aún en un contexto donde se desprestigia nuestra voz con actos violentos y con descalificaciones e insultos.
Este 8M2023 PARAMOS Y MARCHAMOS por todas y todes!
Paramos y marchamos por vida digna y libre de violencia!
Paramos y marchamos contra el empobrecimiento de las mujeres, infancias y adolescencias.
Paramos y marchamos contra la Precarización de la vida
Paramos y marchamos por presupuesto para la Ley Integral contra la violencia de género
Paramos y marchamos en contra de la reforma de la Seguridad Social
Paramos y marchamos en contra de la reforma Educativa
Paramos y marchamos contra la cultura de la Violación
Paramos y marchamos contra el extractivismo y la destrucción de nuestra tierra y la contaminación del agua
Paramos y marchamos en defensa de las políticas sociales
Paramos y marchamos contra la violencia racista
Paramos y marchamos contra la xenofobia
Paramos y marchamos por acceso a la salud integral (física y mental)
Paramos y marchamos contra la criminalización de la solidaridad y de la pobreza
Paramos y marchamos juntas y en todos los rincones del país.
Paramos y marchamos todos los 8 de marzo
Lucha feminista contra el hambre y la opresión
Desde el pasado 3 de febrero nos estamos juntando para organizar las movilizaciones entorno al 8 de marzo. Nos reunimos inicialmente en la Casa de las Ciudadanas invitando a colectivas y organizaciones feministas que no integran la Intersocial Feminista. Allí acordamos las primeras definiciones y pasamos a denominarnos Plataforma 8M2023. Luego las reuniones pasaron a hacerse en FUCVAM, con sala de cuidados para la infancia.
Repudiamos con absoluta contundencia y horror la violencia ejercida sobre una trabajadora sexual la noche del domingo 4 de diciembre. Como es de conocimiento público, un trabajador de origen extranjero de la empresa UPM que desarrolla actividades en la planta de Paso de los Toros, conocida como UPM 2, agredió a golpes a una trabajadora sexual en el predio donde la empresa aloja a trabajadores. La trabajadora resultó con múltiples fracturas y debió ser internada en el Hospital de Clínicas.
Denunciamos la impunidad de los hechos y las graves faltas del personal policial que cuestionó el llamado que realizara una persona que auxilió a la víctima y que ofreció resistencia para radicar la denuncia en la institución policial. La policía tiene la obligación de ofrecer asistencia y de registrar la denuncia con todas las garantías para con la víctima y las personas que acompañan y dan apoyo a la misma. Esto no es lo que sucedió ese día ni en el predio ni en la Seccional 3a. Hasta el día de hoy no se conoce el registro de la denuncia policial ni se sabe si la misma fue o no radicada como corresponde en la comisaría.
Asimismo, exigimos respuestas y explicaciones a las expresiones que el personal policial utilizara con la persona que auxilió a la víctima y que se presentó a realizar la denuncia en dos ocasiones. Cuestionamos el trato, las expresiones y los gestos utilizados. Esta es una de las razones por las cuales las víctimas de violencia de género temen denunciar: el maltrato policial al que son expuestas que las cuestiona, revictimiza y violenta una vez más. Una vez más se pasan por alto los mandatos establecidos por la Ley 19.580 en cuanto al diseño institucional, abordaje, prevención y no revictimización a las víctimas de violencia basada en género.
De igual manera denunciamos la responsabilidad de la empresa sobre los hechos. Lamentamos que la empresa continúe negando su responsabilidad sobre este tipo de hechos que no es puntual, que no es aislado, que en el pasado se han denunciado también en el proceso de construcción de la primera planta de procesamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos. La respuesta de la empresa constituye parte del accionar de este tipo de empresas, de carácter transnacional: evaden su responsabilidad, dicen que cuentan con mecanismos de prevención, implementan procedimientos estériles que no
resuelven el problema de fondo y no asumen responsabilidad sobre las empresas que contratan tercerizando mano de obra y servicios.
El modelo forestal-celulósico reproduce estos cónclaves de explotación en todos los territorios donde se instala, asegurando una lógica perversa donde dice estar ofreciendo oportunidades para la comunidad local pero en verdad reproduce una racionalidad extractiva donde el territorio y las personas que allí habitan están orientadas a la satisfacción de las necesidades de la empresa. En estas necesidades se incluye y habilita la práctica machista y patriarcal que se materializa de forma cruda y violenta a través de prácticas de explotación, abuso y violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Repudiamos esta lógica extractiva que se practica en los territorios y que somete a las personas y a la naturaleza a una explotación estructural.
Exigimos respuestas claras y contundentes sobre los hechos sucedidos tanto a la empresa como a las autoridades correspondientes, incluida las judiciales y policiales.
Llamamos a otras organizaciones en el territorio a levantar su alerta y vigilia sobre estos hechos y que se utilicen los canales institucionales y organizacionales correspondientes para su denuncia, considerando que el accionar tardío y erróneo de la policía protege a los agresores, revictimiza a las víctimas y logra que éstas deban mudarse de localidad.
Exhortamos a los equipos de salud a implementar de forma rápida el protocolo contra la VBG y a la comunidad toda para que sepan que aún no estando las empresas este tipo de prácticas continuarán sino logran unirse para evitarlo.
Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos preguntamos:¿Qué está haciendo nuestro Estado por defender los derechos de las y los más pequeños?Insisten en votar contra niños y niñas el proyecto “Corresponsabilidad en la Crianza”. Nos pronunciamos en contra a esta #MalaLey que #DañaLaInfancia #QuenoSeVote
Estamos cerrando el año con el dato alarmante de 8 niños y niñas asesinados, 7 por sus padres y uno por la pareja de la madre. También niños y niñas que han presenciado el femicidio de sus madres. SIPIAV informó 7035 situaciones de violencia el año pasado y 5944 en el primer semestre de este año. El CONAPEES este 7 de diciembre comunica que las víctimas de explotación sexual identificadas son 529. Sin embargo, algunos diputados insisten en negar la crueldad de esta realidad y profundizar los riesgos y las consecuencias de la violencia y el abuso para la infancia y adolescencia.
La comisión de Diputados que trata el proyecto de ley recibió distintas delegaciones en setiembre y octubre. Las únicas delegaciones que apoyan este proyecto de ley son las que están integradas por personas que están directamente involucrados en procesos judiciales y dicen ser víctimas de denuncias falsas aunque no presentan datos ni evidencia alguna de tal falsedad. Utilizan el argumento del falso Síndrome de Alienación Parental, falso síndrome declarado por mecanismos internacionales como expresión de la violencia machista e institucional cuando es utilizado.
Por su parte, quienes presentaron argumentos contundentes en contra fueron:
UNICEF, Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Asociación de asistentes sociales del Uruguay, Sociedad de Pediatría del Uruguay, Sociedad de psiquiatría del Uruguay, Facultad de Medicina, clínica de psiquiatría pediátrica y de psiquiatría, Facultad de Derecho: Instituto Uruguayo de Derecho Procesal e Instituto Técnico Forense, Comité Derechos del Niño, Asociación Nacional de ONGs, Intersocial Feminista, CLADEM, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Procuidados, Asociación Civil Adela Reta, Varones por la igualdad, El Paso, además de otros colectivos de profesionales, que se han pronunciado públicamente.
Sin embargo hay diputados ‘apurados’ en votar este proyecto, sin importar la crudeza de la realidad de niños y niñas y la claridad de los argumentos en contra del proyecto desoyendo las voces expertas que han sido prácticamente unánimes es sus cuestionamientos.
¿Para quién se está votando este proyecto? Para proteger a los niños y niñas seguro que no
Lo único urgente es prevenir la violencia, proteger a quienes lo viven y reparar el daño que sufren niños y niñas. Lo urgente es que el sistema de justicia tenga los recursos para implementar las leyes 19580 y 19747 de forma eficaz, para que nadie sufra demoras y las respuestas sean más eficientes.
El sistema político es responsable de legislar de forma rigurosa y garantizar derechos. Es urgente ocuparse del problema de la violencia contra niños y niñas…y dejar de amenazar con hacerles más daño.
Corresponsabilidad en la Crianza es un proyecto de ley que daña la infancia
Escuchen y cumplan con su deber y responsabilidad de proteger. De lo contrario será el Estado el responsable de dañar para siempre la vida de tantas niñas, niños y adolescentes.
ANONG – Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
CDNU – Comité de los Derechos del Niño del Uruguay
CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Intersocial Feminista
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Pro Cuidados
23 de noviembre de 2022
Uruguay , 25 de noviembre de 2022.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mujeres y disidencias tomamos las calles una vez más, porque defender nuestro derecho a vivir una vida plena y libre de violencias es urgente y es una cuestión de Derechos Humanos .
Derechos Humanos que son violentados por discursos de odio y prácticas institucionales que nos vulneran, por la falta de políticas públicas de calidad que incorporen la perspectiva de género y el acceso a los recursos que transformen las condiciones de vida; porque la invisibilización, exclusión y violencia extrema se vive a diario en las calles, barrios, ciudades, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en entornos virtuales.
Este 25 de noviembre marcharemos juntas, reconociendo la potencia de nuestra diversidad, parándonos contra todas las violencias para decir una vez más, BASTA!
Basta a todas las múltiples formas de violencia hacia las mujeres, violencias instaladas y sostenidas a las que somos históricamente sometidas.
Basta de violencia física que deteriora y pone en peligro nuestras vidas.
Basta de violencia moral y simbólica que nos ubica en un segundo plano y justifica toda forma de agresión.
Basta de violencia política que nos sigue excluyendo de la vida pública. Seguimos subrepresentadas. Cuando no estamos, no somos nombradas ni escuchadas nos empujan al anonimato y ser ciudadanas de segunda y tercera.
Basta de femicidios, porque ya son 40 compañeras que en el correr del presente año nos faltarán por siempre y 163 desde la aprobación de la ley N°19580. El femicidio es la expresión más cruda de una sociedad machista que tolera y legitima la violencia contra las mujeres. Se notan los avances ocurridos en los últimos años en nuestro país, pero las reticencias y resistencias en las instituciones gubernamentales persisten, en muchas ocasiones los casos de femicidios quedan impunes e invisibilizados. Exhortamos a la sensibilización y formación de los actores del sistema judicial, para el acceso a una justicia de calidad, además de abordar las secuelas que el dolor y la reparación en las víctimas conlleva. Es URGENTE la instalación de más casas de acogida en todo el territorio nacional para atender y resguardar a las mujeres víctimas de violencia de género.
Basta de violencia vicaria! porque además de matarnos a nosotras lastiman o matan a nuestros hijos e hijas!
El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género. Ninguna muerte nos es indiferente, exigimos justicia para los crímenes de transfemicidios.
Gritamos con fuerza basta! porque no estamos todas, porque muchas nos faltarán por siempre y muchas otras ni siquiera sabemos dónde están. Basta de desaparecidas, queremos saber dónde están nuestras gurisas. Le decimos Basta a la trata sexual y laboral.
Basta de tener en el ostracismo y a merced de la violencia a las Trabajadoras Sexuales.
Basta a la explotación sexual que nos acecha, desaparece y esclaviza. Juntas alzamos la voz, una vez más, para denunciar que NO SOMOS OBJETOS DE CONSUMO. Porque los explotadores y proxenetas están ahí, a la vuelta de la esquina, y cuentan con recursos para sostener su negocio lucrativo. Exigimos responsabilidad, compromiso ético y garantías para que los procesos de acceso a la Justicia se garanticen y porque continuamos sin admitir QUE LAS VÍCTIMAS SE AHOGUEN EN OCÉANOS DE IMPUNIDAD.
Juntas marchamos y alzamos la voz, porque aunque no estemos todas nuestra lucha es por todas, también por aquellas que respiran entre rejas. Porque las mujeres privadas de libertad se encuentran vulneradas al reproducirse y agravarse las desigualdades que prevalecen dentro de instituciones hostiles, con lógicas masculinizadas, en las que la perspectiva de género se encuentra ausente más allá de algunas iniciativas puntuales. El estado tiene la obligación de garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y debería partir por reconocer que esas personas son también mujeres.
Rechazamos el Art 74 de la LUC que endurece las penas por microtráfico de forma desproporcionada. Al día de hoy contamos con demasiada evidencia sobre la selectividad de este artículo: en el aumento drástico de la población de mujeres privadas de libertad, y además demuestra su fuerte sesgo clasista, porque estas mujeres son en su mayoría vulneradas. Hablamos de mujeres extremadamente atravesadas por la falta de recursos económicos, la falta de redes de apoyo para el sostén de la vida y los cuidados, en situaciones de dependencia extrema, víctimas de relaciones de dominación, que son intimidadas y coaccionadas para ingresar sustancias a las cárceles para sus parejas, hijos, padres o hermanos y son sometidas a una pena mínima de 4 años!. Terminan pagando los platos rotos de un sistema que, además de oprimirlas, las encarcela por su opresión.
Juntas nos manifestamos en contra de la ley de tenencia compartida, que se impone por sobre las diversas realidades familiares y establece de antemano una única “solución” reglada para todos los casos, desconociendo la circunstancias particulares de cada familia como también la opinión y la voluntad de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su grado de desarrollo. Nos alarmamos porque esta ley es regresiva en términos de garantía de derechos, es innecesaria porque no mejora el marco legislativo vigente y daña a las infancias y adolescencias vulnerando directamente la protección integral de niñas, niños y adolescentes, principalmente de quienes denuncian situaciones de violencia y abuso sexual, ya que habilita regímenes de visitas provisorios aún cuando existan denuncias en trámites contra alguno de los padres, vulnerando así el principio general de precaución que debe ser priorizado siempre en estos casos.
Le decimos NO al proyecto de ley que amplía la gestación subrogada más allá de los lazos de sangre, porque abre un mercado de vientres de alquiler que vulnera los derechos de las mujeres para satisfacer el deseo de algunas personas de ser padre o madre con sus propios genes pero sin poner el cuerpo.
Exigimos terminar con la impunidad del terrorismo de Estado. El año pasado, el grupo de 28 ex-presas políticas elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por violencia sexual durante la dictadura cívico-militar. 10 años después de haber denunciado estos crímenes ante la justicia uruguaya, no ha habido ningún avance en la investigación. POR MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS.
Denunciamos la violencia que la pobreza en Uruguay produce, y esta violencia también tiene cara de niña, niño y de mujer. Resulta alarmante el aumento de la población con necesidades básicas insatisfechas, siendo mayoritariamente mujeres, infancias y adolescencias las más vulneradas, pues tanto la aporofobia como la pobreza son formas latentes de violencia. A pesar de ello las mujeres estamos también allí al pie del cañón, en las ollas, produciendo alimentos y recibiendo a las filas de personas y familias que nada tienen. Somos alrededor del 70 % de esa trama comunitaria y solidaria que nos paramos de frente a las necesidades alimenticias, contrarrestando al Estado que, además de estar ausente, criminaliza la solidaridad y la organización social.
NI UN PASO ATRÁS en relación a derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que se respete la libertad y autonomía para decidir, sin coacción ni violencia, nosotras decidimos si queremos o no ser madres, cuándo, cómo y con quién. Le decimos basta a la violencia obstétrica, porque SI existe a pesar de que profesionales e instituciones sanitarias se encargan de negarla. No estamos atacando al sistema de salud, estamos exigiendo que se reconozca esta violencia estructural en el seguimiento del embarazo, parto y puerperio. Son innumerables los testimonios de violencias, testimonios ignorados, que no repercuten en lo absoluto en cambios para la mejora en la atención integral; además de la elevada la cantidad de cesáreas innecesarias. Exigimos políticas y acciones concretas para combatirla y erradicarla.
Y una vez más decimos NIÑAS, NO MADRES! La maternidad forzada es TORTURA.
Juntas y diversas contra todas las violencias. Porque sabemos que la violencia es interseccional exigimos que así sean las políticas que buscan darle respuesta. Porque somos mujeres y disidencias, afro e indígenas, migrantes, trans y no binaries, lesbianas y bisexuales, mujeres en situación de discapacidad o de pobreza, somos las mujeres de todo el país, somos las niñas y las viejas.
Denunciamos el ninguneo estadístico que deja en evidencia el racismo estructural que las mujeres afrodescendientes e indígenas vivimos. Necesitamos saber en qué situación estamos, basta de omisiones! hablamos de la violencia estatal que obstruye el diseño de políticas públicas focalizadas y reales, con la asignación de recursos que hagan frente a la discriminación múltiple e interseccional. La invisibilidad es intencional, es política, porque acá estamos y es hora de que nos vean. Exigimos el cumplimiento de la Ley 19.122.
Basta de violencia racista!
Denunciamos los magros avances en el acceso a una justicia de calidad, especializada, diligente, protectora de las víctimas. LOS JUZGADOS MULTIMATERIA DEBEN SER INSTRUMENTADOS.
El Estado es responsable, estamos ante una emergencia nacional y tener un compromiso serio en su combate y erradicación, implica transformaciones profundas y serias en la educación, en las políticas de salud, en las políticas de protección social, en las políticas de seguridad, en el acceso a políticas de vivienda de calidad y en el acceso a la justicia. Los recursos económicos y la voluntad política son insuficientes.
Por una renta básica universal para cubrir los derechos humanos, como inversión en el desarrollo del potencial de las personas.
Re-instalación de Mesas Interinstitucionales en todos los territorios.
No hay transformación educativa posible ni reforma de la seguridad social real si no combatimos las bases que sustentan una sociedad desigual.
Por una educación libre de estereotipos, por la construcción de una cultura de la NO VIOLENCIA.
Por un sistema de seguridad social fuerte, solidario e integral.
Las reformas que se están planteando no sólo profundizan desigualdades, sino desconocen los impactos graves en las infancias, adolescencias, mujeres y adultas mayores.
¡No hay compromiso sin la asignación correcta de recursos, no hay recursos sin voluntad política!
Es urgente que se cumpla con lo establecido en la ley 19.580 en todos sus términos.
Basta de implementaciones a medias! Basta de excusas!
Nosotras, mujeres y disidencias, ¡Juntas y diversas contra todas las violencias!
Plataforma 25N.
Montevideo, 20 de octubre de 2022
POBREZA, DESIGUALDAD DE GÉNERO y ABANDONO DEL ESTADO TERMINAN CON LA VIDA DE UNA JOVEN MUJER
Desde la Intersocial Feminista queremos expresar nuestra consternación por el fallecimiento de una joven de 31 años y dos niños en estado grave, así como varios más internados producto del incendio en el Hotel Aramaya, alquilado por el MIDES para alojar gente en situación de calle. Una vez más, recae sobre el cuerpo de las mujeres y las infancias el abandono del Estado. Mientras crece la pobreza infantil, las principales figuras del gobierno dan respuestas inadmisibles, donde explícitamente dicen "no tenemos una explicación" o admiten estar al tanto de la situación de extrema precariedad en la que vivían las familias que se supone estaban a resguardo en un lugar de acogida del Estado.
El Estado no puede tomar acciones a la ligera con las personas más vulneradas del país, no puede depositarlos en cualquier lugar y dejarlos allí sin importar qué pasa con sus vidas, las condiciones en que se alojan, la falta de salidas a la situación de calle por la gran ausencia de políticas sociales que conllevan a que una situación que debería ser temporal y breve, se convierta en permanente. La joven fallecida hacía 4 años que vivía allí junto a sus 3 hijos, dos de ellos hoy en grave situación de salud, producto de la intoxicación y de las quemaduras en sus cuerpos.
Desde hace tiempo, las personas que residen en el Hotel Aramaya venían denunciando las malas condiciones de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento general, y otras problemáticas serias como por ejemplo, el no funcionamiento de los ascensores en un edificio de 6 pisos (quienes cuidamos sabemos las dificultades que implica subir y bajar escaleras a diario con bebés y niños/as pequeños) , en suma, una situación que supone riesgos para estos niños y niñas que habitan un lugar sin las básicas condiciones. Mención aparte merece la falta de personal, tan solo hay 3 trabajadoresdel MIDES para el acompañamiento de 92 personas.
El abandono del Estado –a la vista de todos/as, nada menos que en nuestra principal avenida- deja a las infancias más vulnerables crecer en cuartos de hotel sin espacios para el esparcimiento, sin lugares comunes donde compartir comidas y juegos, sin ventana al futuro.
El Estado los condena a una vida de precariedad, y esa precariedad, dejó una mujer de 31 años muerta y a sus hijos, en peligrosa situación sanitaria. La responsabilidad es del Estado y de quienes lo gobiernan.
Acompañamos el dolor de quienes compartieron momentos con Mónica y sus hijos. Esperamos que la justicia actúe y determine responsabilidades.
INTERSOCIAL FEMINISTA
