Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual es un reclamo histórico de las feministas. Los delitos de abuso sexual y violación son delitos infradenunciados judicialmente. Y a pesar del impulso que ha tomado en los últimos años su denuncia, aún falta mucho por hacer.

No obstante, es necesario aclarar: demandar que haya justicia es diferente a negarle a un condenado la oportunidad de rehabilitación. Creer que dejar a los delincuentes sexuales sin posiblidad de rehabilitación soluciona el problema de violencia sexual, carece de sentido y de evidencia.

Pese a que se ha utilizado para desinformar, los artículos que aumentan las penas por delitos de abuso sexual y violación NO SON PARTE de los 135 artículos a derogar. 

Por tanto, vale aclarar que en los artículos 6, 7 y 8 de la LUC son los que aumentan notablemente las penas para el abuso sexual y la violación y que esos artículos no integran los 135 que el próximo domingo serán sometidos a referéndum.  

El artículo 86, sí será sometido a referéndum. En él, se excluye del sistema de redención de pena por trabajo y estudio para los siguientes delitos: violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, homicidio especialmente agravado, rapiña con privación de libertad, copamiento, secuestro y delitos de estupefacientes. 

Acerca de este artículo, queremos remarcar que desde la Intersocial Feminista, junto a otras organizaciones, advertimos su INCONSTITUCIONALIDAD. Dado que la Constitución de la República, en su artículo 26, sostiene: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

En Uruguay, todas las personas privadas de libertad, incluso los delincuentes sexuales, más tarde o más temprano salen de la cárcel. Y si no trabajamos para que retornen a la sociedad mejor de lo que entraron, las consecuencias de este punto ciego serán insostenibles y aumentarán los delitos. 

Si la posibilidad de reducir la pena lleva a los presos a estudiar, trabajar y rehabilitarse, será ganancia para toda la sociedad. La redención de pena no sólo es un mandato constitucional, es una de las mejores herramientas evidenciadas para la rehabilitación de las personas.

Las feministas reclamamos justicia y también que se trabaje en la reinserción social de todos los delincuentes, incluídos los ofensores sexuales. 

Invitamos a leer las palabras del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, publicado en la página oficial del Parlamento (https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/Informe%20LUC%20CP%20final.pdf ) a  propósito de este artículo:

“La Ley de Redención de Pena por trabajo y estudio es una de las cosas que mejor ha funcionado para combatir la reincidencia. Limitar ese régimen a una larga lista de delitos - detrás de cada carátula puede  haber modalidades leves o moderadas - implicaría un gran retroceso perdiéndose las posibilidades de progresividad para la rehabilitación, generaría gran tensión y desmotivación y cortaría uno de los pocos factores que generan buena convivencia dentro del sistema. 

Cierto es que puede parecer razonable utilizar el instrumento sólo para delitos leves, dejando a un lado aquellos que nos resultan más chocantes. Pero eso implicaría renunciar al rol rehabilitador y la finalidad de tratamiento que tiene la privación de libertad. Sabemos que existen personalidades de muy improbable re socialización, pero el Estado a priori no puede negarse a sí mismo esa obligación de rehabilitar que le establecen las normas nacionales e internacionales. Por eso, siendo el mecanismo de redención de pena por trabajo y estudio un instrumento que en Uruguay y en todo el mundo ha demostrado muy buenos resultados como motivador para la reinserción y el cambio actitudinal y la incorporación de valores pro sociales, aún en delitos graves, el mismo debe aplicarse a todos los privados de libertad. Sugiero no modificar el régimen de redención de pena”

Y reafirmamos: el silencio cómplice, nunca más.

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